El pasado 16 de marzo se dictó prisión preventiva en contra de jean Carlo B., asesor del asambleísta manabita Daniel Mendoza. Foto: @FiscaliaEcuador

Portoviejo, 17 de junio 2020

La audiencia de apelación de la prisión preventiva para Jean Carlos B., asesor del asambleísta Daniel Mendoza, y otras seis personas fue diferida por petición del fiscal que lleva el caso, en el que se investiga el presunto delito de lavado de activos.

Jean Carlos B., fue detenido el pasado 15 de mayo en Portoviejo, mientras circulaba en una camioneta. En su poder se hallaron 1,6 millones de dólares entre efectivo y cheques sin cobrar de una cuenta del consorcio Pedernales - Manabí, encargado de la construcción del hospital básico de dicho cantón.

La audiencia de apelación se debía efectuar la tarde de este miércoles en la unidad judicial penal de Portoviejo, pero se difirió para el próximo lunes a partir de las 14:00.

A más de Jean B., otras seis personas guardan prisión preventiva por este caso: Miguel Antonio G.M., Franklin Oswaldo C.C., José Ricardo P.I., José Alfredo S.V., José Leonardo y Danilo Fabricio V.S.

Mientras que Mario Fabián O.C., y Esteban Alfonso V.C., también fueron señalados en este proceso que la Fiscalía General del Estado indaga por presunto delito de lavado de activos. A ellos se les dictó medidas sustitutivas.

Santiago Hernández, abogado defensor de José Ricardo P.I., indicó que la acción judicial fue diferida pese a la presencia del delegado de la Fiscalía en Manabí Rubén Balda, y todos los sujetos procesales.

“Sin embargo el fiscal Rubén Balda quien hizo la formulación de cargos, presentó un escrito en el cual hacía conocer que el señor fiscal titular de la acción penal pública, hoy en día por el delito de lavados de activos, de corte de fuero nacional en Quito mandó a diferir la audiencia lo cual es totalmente irracional e ilógico”, indicó Hernández.

El abogado cree que el proceso se ha vuelto mediático. Además que la solicitud de la revocatoria de la prisión preventiva de las personas señaladas se la hace porque presuntamente no se establecen de acuerdo a los requisitos que se estipulan en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Fuente: El Universo

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