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Granizo y calles inundadas en Quito producto de las intensas lluvias

Calles del centro histórico de Quito en que se ve la magnitud de las intensas precipitaciones de este lunes. Cortesía

Internacional, 19 de octubre 2020

 

Desde el mediodía, se registró una fuerte lluvia en varios sectores de Quito y sus valles aledaños. Después de una soleada mañana, varios puntos de la capital se pintaron de blanco por la acumulación de granizo.

Las intensas precipitaciones que afectan a la capital ecuatoriana han provocado inundaciones en diversos sectores. Además, la caída de granizo muestra un mano blanco en parques, calles y jardines.

Imagen tomada del ECU911 que muestra calles céntricas de Quito que quedaron blancas producto de una fuerte granizada.

Los equipos de rescate del Distrito Metropolitano informaron de un deslizamiento de tierra en la parroquia Condado, en la vía a Catzuquí de Velasco, que es la prolongación de la calle San Francisco de Rumiurcu.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 reportó vehículos atrapados en el paso a desnivel de la avenida 10 de Agosto y Tarqui, producto de acumulación de agua.

La institución también reportó haber recibido 15 llamados de emergencia desde las 13h30 hasta las 15h00. Los pedidos de auxilio fueron sobre viviendas inundadas, acumulación de agua y granizo en San Juan y Miraflores, entre otros.

El Instituto de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó más temprano de la presencia de nubosidades en diferentes niveles de la tropósfera, indicando el alto contenido de humedad. Además, pronosticó presencia de lluvias con tormentas eléctricas y caída puntual de granizo.

En las imágenes satelitales muestran la continua formación de nubosidad de desarrollo vertical (cumulonimbus) las cuales originan alta densidad de descargas eléctricas, lluvias y la probabilidad de caída puntual de granizo sobre todo en el norte de la Sierra.

Según el Inamhi las precipitaciones se pueden mantener hasta el jueves 22 de octubre. Durante estos días se espera un clima variado entre mañanas soleadas, cielo nublado y posibles lluvias con tormentas eléctricas, especialmente en el Callejón Interandino y la Amazonía.

Fuente: El Universo

Trabajadores del sector salud convocan a nuevas movilizaciones en rechazo al reglamento a la Ley Humanitaria

Quito.- Los trabajadores y profesionales de la salud anuncian una nueva jornada de protesta en contra del reglamento a la Ley Humanitaria. Cortesía

Ecuador, 19 de octubre 2020

 

El Comité Nacional por la Salud y Estabilidad Laboral que agrupa a 21 organizaciones sindicales de profesionales y trabajadores de la salud realizarán este 20 de octubre una segunda jornada de protesta a nivel nacional en rechazo a los artículos 10 y 40 de la Ley Humanitaria relacionados con la estabilidad laboral.

Los médicos y trabajadores convocaron a una movilización pacífica a partir de las 15:00 en todas las provincias, pero la mayor concentración aspiran realizarla en parque El Arbolito en Quito, para luego protagonizar una marcha hacia la Plaza Grande.

La semana anterior realizaron una jornada de protesta pacífica que recorrió el centro norte del Quito y concluyó en la Plaza Santo Domingo.

El punto central de esta manifestación es pedir al gobierno la eliminación de los artículos 10 y 40 del reglamento de la Ley Humanitaria, que a su criterio afectan la aplicación sobre estabilidad laboral contemplada en la Ley Humanitaria; pues exigen la contratación directa, vía concurso del personal de salud tanto de los profesionales y trabajadores, que laboraron durante la emergencia.

A nivel legislativo, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó a debate una resolución planteada por la legisladora, María José Carrión (ex AP), para exigir al Ejecutivo la derogatoria de los dos artículos que son objeto de cuestionamientos; y además planteó la comparecencia ante el pleno de los ministros de Salud, Juan Carlos Zevallos; de Finanzas, Mauricio Pozo; y, de Trabajo, Andrés Isch, para que expliquen los fundamentos que llevaron al gobierno a incluir dos artículos en el reglamento que contradicen lo que contempla la Ley Humanitaria en el artículo 25 y disposiciones transitorias octava y novena.

La Comisión de Salud de la Asamblea, a semana seguida esperaba una explicación de la autoridad de salud, del ministerio de Economía y Finanzas y del Trabajo. La comparecencia prevista para las 09:00 se aplazó para las 16:00 de este 19 de octubre.

Rosa Argudo, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social, convocó a los trabajadores del área de salud que se encuentren reglados por la Ley Orgánica de Servicio Público a participar de la movilización en rechazo al reglamento a la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, por considerar que violenta sus derechos a la estabilidad laboral.

Las 21 organizaciones que suscribieron la convocatoria para la movilización son las siguientes: Organización Sindical Única de Trabajadores de la Salud (OSUNTRANSA); Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social ; Seguro Social Campesino; Comisión Médica Voluntaria del Ecuador; Colectivo de Obstetríces; Comisión Medica Voluntaria del Ecuador; Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria Integral; Sindicalismo de Valores y Principios; Posgradistas Devengantes; Movimiento Sanitario Núcleo Pichincha; Confederación Nacional del Seguro Social Campesino; Colegio de Odontólogos; Comisión Pro Estabilidad Laboral del Ministerio de Salud Pública; Asociación Centro de Estudios Estabilidad Laboral; Asociación de profesionales y trabajadores de la salud; Asociación de profesionales de Ambato; Colegio de Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria del Ecuador; Frente por los Derechos de la Salud y la Vida; Asociación de Médicos y Odontólogos del Seguro Social Campesino; Asociación Regional de Médicos y Odontólogos Regional Guayas; Asociación de Médicos y Odontólogos del Seguro Social Campesino R2 Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Bolívar.

Fuente: El Universo

Asamblea Nacional suscribirá el compromiso de pago de $100 millones por parte del gobierno a los maestros jubilados hasta diciembre 2020

Quito.- La Comisión Ocasional de Jubilados de la Asamblea revisaron los términos del acuerdo que se suscribirá entre el gobierno, los jubilados y como testigo la Asamblea Nacional. Cortesía

Ecuador, 19 de octubre 2020

 

El pago de $100 millones para los jubilados del magisterio hasta diciembre próximo, es el compromiso alcanzado entre el gobierno nacional y la coordinadora de maestros jubilados, Alfonso Yánez Montero. El acuerdo también será suscrito por la Asamblea Nacional, es martes 20 de octubre a las 14:00.

En primera instancia este compromiso fue suscrito por el Presidente de la República, Lenin Moreno y los ministros de Economía y Finanzas, Educación y del Trabajo, conjuntamente con la coordinadora de los jubilados. Lo que resta es la firma del presidente de la Asamblea, César Litardo, y del presidente de la Comisión Ocasional de Jubilados, Homero Castanier (CREO).

Castanier, destacó que la Asamblea suscribe el compromiso como garantes, además como parte del acuerdo se otorga atribuciones a la comisión para hacer un seguimiento y fiscalización sobre el cumplimiento del compromiso, y se informará sobre cualquier situación que pudiere incidir el cronograma de pagos.

Destacó que con el acuerdo se logró una asignación de $100 millones hasta antes de que concluya el 2020, cuando el compromiso inicial con el gobierno era pagar $63 millones, para todos los jubilados del país.

 

Acta Compromiso

El compromiso de pago que será suscrito este martes, corresponde a los jubilados del Ministerio de Educación, en lo que resta del año 2020, determina un calendario que debía ser aplicado desde el 5 de octubre, en el primer grupo se benefician 512 jubilados de ese ministerio, amparados en los acuerdos ministeriales 185 y su reforma en el acuerdo 144, recibirán estos pagos en efectivo, previa validación del Ministerio de Trabajo. De la Ley Interpretativa se beneficiarán 2 500 jubilados.

El compromiso es que hasta diciembre se realizará el pago de $100 millones de manera programática, a razón de $2 millones diarios aproximadamente para todos los jubilados del Ministerio de Educación.

Además, el gobierno nacional se compromete a asignar $200 millones para el arranque del presupuesto 2021, los mismos se pagarán principalmente en los primeros meses del año, de enero a mayo.

A partir de la tercera semana de enero del 2021, se comenzará con los pagos en bonos, para lo cual los jubilados beneficiarios deberán tener aperturadas sus respectivas cuentas individuales en el Banco Central del Ecuador, suscritos los correspondientes convenios de dación en pago y sus expedientes debidamente validados para pago.

Los ministerios de Educación y del Trabajo se comprometen a tener todos los expedientes correspondientes a los Acuerdos Ministeriales en referencia, debidamente validados, conforme los cronogramas establecidos, siempre que los mismos cumplan con la normativa aplicable a cada caso.

Se reconoce que existe una deuda con los jubilados del Ministerio de Educación de los años 2018, 2019 y 2020 dicha deuda deberá ser considerada la mayor cantidad posible dentro del presupuesto 2021.

En virtud de los acuerdos alcanzados, los maestros jubilados deciden suspender las movilizaciones y medidas de hecho en el territorio nacional, precautelando así la salud de los jubilados por efecto de la emergencia sanitaria.

 

Homenaje póstumo

En la ceremonia de suscripción del acuerdo de pago entre el gobierno y los jubilados, la Asamblea Nacional otorgará la condecoración post mortem “Asamblea Nacional del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte”, a Alfonso María Yánez Montero, expresidente de la Coordinadora Nacional de Jubilados fallecido a causa del covid-19, en julio pasado.

El reconocimiento póstumo destaca los méritos, legado y trayectoria de Yánez Montero en favor del colectivo nacional y la lucha social emprendida. La condecoración será entregada a sus familiares.

Fuente: El Universo

 

Siete binomios presidenciales aseguran su participación electoral el 2021, hasta el momento

El Pleno del Consejo Nacional Electoral sesionó por dos ocasiones la noche de este domingo 11 de octubre. Cortesía

Ecuador, 19 de octubre 2020

 

Con corte a las 21:00 de este domingo 18 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) registraba un total de siete binomios presidenciales "calificados en firme", que ya no se someterán a ningún proceso de impugnación ni subsanación y cuya participación en las elecciones generales de febrero del 2021 está asegurada.

Izquierda Democrática con Xavier Hervas y María Sara Jijón, Democracia Sí con Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, Ecuatoriano Unido con Gerson Almeida y Martha Villafuerte, AMIGO con Pedro Freire y Byron Solis, alianza Concertación - Partido Socialista Ecuatoriano (Alianza Honestidad) con César Montúfar y Julio Villacrés, Sociedad Patriótica con Lucio Gutiérrez y David Norero, y la alianza Creando Oportunidades - Partido Social Cristiano (CREO-PSC) con Guillermo Lasso y Alfredo Borrero son las organizaciones políticas que ya tienen sus binomios presidenciales en firme.

Están calificados los binomios Pachakutik, Avanza, Construye, Alianza PAÍS y SUMA. Estos precandidatos ya no tienen que subsanar errores. Tienen plazo de subsanación de errores los binomios de la alianza Centro Democrático - Compromiso Social (Alianza Unión por la Esperanza- UNES), Unión Ecuatoriana y Fuerza Ecuador.

Hasta el momento, el CNE ha inadmitido dos inscripciones para binomios presidenciales: del Movimiento Nacional Podemos y del Movimiento Libertad es Pueblo.

Ayer por la noche también, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió negar el recurso subjetivo presentado en contra de la resolución del CNE de dar posibilidad a UNES de subsanar errores. Ahora, el Pleno del CNE deberá volver a reunirse para calificar al binomio correísta. 

Fuente: El Universo

 

‘La importación y la producción nacional del gas natural no son excluyentes’

Nelson Jaramillo Pita, representante de Sycar LLC, importadora de gas natural.

Internacional, 19 de octubre 2020

 

La empresa Sycar LLC podría llegar a ser una de las primeras que participen en el proceso de libre importación de combustibles. Esta empresa está interesada en la importación de gas natural, en principio para el sector industrial. Nelson Jaramillo Pita, representante de la firma, explica el esquema.

 

¿En qué consiste el proyecto en el que quiere invertir su empresa?

Hace dos años iniciamos una evaluación para buscar la mejor solución técnica para proveer gas natural al Ecuador. Conocemos que ha habido una declinación de producción en Campo Amistad. Decidimos que nuestro proyecto sería en Bajo Alto, pero en el canal de Jambelí. Ahora ya tenemos una concesión otorgada por la Subsecretaría de Transporte Marítimo y un permiso de operación para una embarcación de almacenamiento y regasificación. Ya estamos en un proceso de licenciamiento ambiental y esperamos que el proceso dure hasta diciembre.

 

¿La normativa permitía hacer estos avances? Acaba de salir el Decreto 1154 sobre la importación de derivados…

Hay un decreto presidencial (724 de abril de 2019) que ya permitía la importación del gas natural, emitido hace un año. Lo que pasa es que limitaba los volúmenes de importación a aquellos volúmenes que no pueda proveer Petroecuador. El 1154 es más amplio.

 

¿A qué mercado apuntan?

Estoy ahora en una misión comercial de presentar a los industriales del Ecuador los beneficios, costos, necesidades técnicas, las facilidades que tenemos para proveer a través de isotanques, en estado líquido. Hemos hecho un estudio del mercado en Azuay, Guayas, Manabí y El Oro. Azuay está siendo abastecido por Petroecuador. Pero hay otros sectores que lo han analizado, pero no han tomado la decisión. Creo que lo harán si evalúan la diferencia de costos frente a los precios del diésel.

 

¿Qué tan importante es la diferencia de precios?

Solo como referencia, un millón de BTU de GLP está en $ 12,5; la misma medida en diésel $ 10,5 y el de gas natural importado $ 8,5 a $ 9. En el caso del gas natural el precio podría ser menor si hay mayor demanda.

 

¿Cuánto proyectan importar?

Actualmente se consumen 14 millones de pies cúbicos día y podría crecer a 40 millones de pies cúbicos día. Una vez que el gas entre al mercado se podrán unir el sector del transporte, comercial e incluso hogares. No pensamos que vamos a ser los únicos proveedores en el futuro. Esperamos que el mercado reaccione bien, es un combustible más limpio, más eficiente y más barato.

 

Son muchas las virtudes del gas natural, ¿pero usted tiene pruebas de que Campo Amistad estaría en declinación?, hay voces que promueven el desarrollo de la producción nacional…

No tengo ningún documento que pueda probar eso. Solo he seguido la información que han entregado el Ministerio de Energía, Petroamazonas y Petroecuador. Pero yo pienso que Ecuador tiene reservas de gas. No sé si este es el momento oportuno para explotar, el precio en el mercado internacional se va a mantener bajo. En todo caso, la producción nacional y la importación no son excluyentes.

 

¿Les preocupa que de llegar a producir Campo Amistad con un socio estratégico podría tener un precio menor?

Para lograr la mejor producción en Campo Amistad se debe saber cuánto se va a invertir, los costos operativos, y definir el mercado. Si se hace una licitación, los inversores deben traer los costos proyectados, pero nosotros tenemos un precio competitivo por la economía de escalas.

 

¿De dónde viene el gas, su empresa lo produce?

No lo producimos. Nuestro objetivo es traer gas de EE. UU. gracias a una importante comercializadora a nivel mundial. EE. UU. pasó de ser un demandante de gas a ser autosuficiente y ahora proveedor mundial, por el fenómeno del gas y petróleo de esquisto.

 

¿Tienen planificado usar el gasoducto del Campo Amistad en esta operación?

Solamente si algún día podemos proveer de gas a TermoMachala. Pero al momento no sabemos qué va a pasar con ese proyecto, posiblemente lo van a licitar. Hoy en día nuestro mercado objetivo es el sector industrial.

 

Existen informes que indican que TermoMachala no requiere gas de manera permanente, y no se debería comprometer a contratar provisión permanente, ¿cómo miran esta situación?

Es correcto. La hidrogeneración satisface al 85 % de la demanda. TermoMachala va a funcionar más si hay sequía, pero siempre se trata de que haya un balance entre las hidroeléctricas y las térmicas. Entiendo que esta es la razón para que Campo Amistad esté generado gas continuamente. No se puede cerrar un pozo unos meses y luego volverlo a abrir. Se puede dañar la producción. Esto es justamente lo que se tiene que estudiar. Para entrar a la licitación hay que hacer inversiones en la planta y el repago. Habría que ver si hay un modelo interesante en el que se pague por cada kilovatio de capacidad instalada y por lo producido. 

Fuente: El Universo

 

Más de 1.500 interesados en ser observadores en las elecciones del 7 de febrero de 2021

Charles-Michel Geurts, embajador de la Unión Europea (UE) en Ecuador, durante una reunión del 8 de octubre con la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en la que había confirmado que una misión de observadores se desplegará al país para las elecciones generales del 2021 Cortesía

Ecuador, 19 de octubre 2020

 

Son 1.572 solicitudes de personas nacionales y extranjeras residentes en el país que solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) ser calificadas para realizar observación electoral para las votaciones nacionales de febrero del 2021.

El plazo para solicitar ser acreditados como observadores culminó el pasado 9 de octubre en el CNE, y de los 1.572 pedidos, 1.418 corresponden a personas naturales, 148 delegados de personas jurídicas y 6 extranjeros residentes en el Ecuador.

Para las personas naturales nacionales, los requisitos son ser mayor de 18 años de edad, estar en goce de los derechos políticos, no ser afiliado o adherente de una organización política, tampoco ser acreditado como sujeto político y no ser servidor de la Función Electoral.

Para las personas jurídicas nacionales se exige que su objeto social le permita realizar actividades relacionadas con lo político electoral, haber tenido la personería jurídica por lo menos dos años antes del proceso electoral.

Y para las personas naturales extranjeras domiciliadas en el Ecuador está haber residido en el país cinco años antes de la fecha de la solicitud de la acreditación, entre otros requisitos formales.

Después de la revisión de requisitos por la Dirección de Relaciones Internacionales del Consejo se presentará un informe al pleno de aquellos que hayan cumplido con los requisitos y no se encuentren inmersos en inhabilidades para ser observadores, de acuerdo con el reglamento de Observación Electoral y el Código de la Democracia.

Aquellos que sean habilitados recibirán capacitación virtual y las garantías necesarias para cumplir adecuadamente su tarea.

El reglamento para la observación señala que tendrán libertad de circulación y movilización dentro de los recintos electorales, libertad de comunicación con sujetos políticos, personas y organismos que deseen contactar, acceso a documentos de carácter electoral.

También podrán observar el Sistema de Transmisión de Resultados, asistir al escrutinio y cómputo de la votación en las juntas receptoras del voto, por ejemplo. Podrán dialogar con candidatos y con delegados de los sujetos políticos en los recintos electorales.

Deberán presentar un informe final sobre la observación electoral que no tendrá el carácter de vinculante, pero deberá ser elaborado sin "juicios de valor u opiniones", y se lo entregará quince días después de realizado el proceso electoral.

Quienes no cumplan con la entrega de este informe serán "excluidos" de participar como observadores por los próximos dos comicios nacionales que se realicen.

En el caso de la observación electoral internacional, esta se realizará mediante la invitación del CNE o a través de la Cancillería ecuatoriana. 

Fuente: El Universo

 

Fiscalía convoca a reconocer firma a denunciante de hechos violentos en marcha del 12 de octubre

El abogado Andrés Castillo Maldonado entregó una denuncia penal contra el dirigente indígena Leonidas Iza. Dijo que Quito es una ciudad abierta para todos los ecuatorianos y gente del mundo, pero basta de vandalizar. Cortesía

Ecuador, 19 de octubre 2020

 

A reconocer su firma y rúbrica en su denuncia por el delito de destrucción de bien público fue llamado hoy a la Fiscalía Andrés Castillo, quien representa a un grupo de ciudadanos que presentó una denuncia penal contra varias personas, entre ellas Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC), y Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), debido a los daños provocados al patrimonio de la ciudad durante una marcha social.

El lunes 12 de octubre último, Vargas e Iza participaron de una marcha en Quito que terminó en enfrentamientos con la Policía. Esta se dio luego de la presentación de una denuncia en la Fiscalía para que el Estado ecuatoriano responda por los muertos y heridos que existieron en los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, durante las protestas de octubre del 2019.

Durante la protesta en rechazo a la conquista española, varios de los manifestantes lanzaron pintura roja sobre el monumento a Isabel la Católica, ubicado en la intersección de la avenida 12 de Octubre y calle Madrid, y luego con sogas intentaron retirar el monumento en acto de protesta. Ese hecho provocó una respuesta policial con gases lacrimógenos.

Ante los hechos, el 13 de octubre pasado, Castillo presentó en la Fiscalía dos denuncias por los delitos de odio y por destrucción de bien público. Él espera que la Fiscalía cumpla los tiempos y acciones especificadas en la Ley para estos dos delitos que son de acción pública y no suceda lo que ha pasado hasta el momento con los delitos y las denuncias presentadas por los hechos de octubre de 2019.

"Lo que buscamos es marcar un precedente. (...) Esta denuncia no es clasista, ni racista, ni sectaria. Esta es una denuncia ciudadana para hacer respetar a la ciudad, pues todo aquel que viene a protestar a Quito hace lo que quiere. (...) Como no tenemos autoridad, no tenemos quién nos defienda, evidentemente tenemos que defendernos los ciudadanos y no estoy haciendo un llamado a la violencia ni a la confrontación, nosotros haremos respetar a la ciudad de Quito con la Ley en la mano", sostuvo Castillo.

Desde el Municipio de Quito se informó que por los daños causados en bienes de la ciudad capital durante la marcha del 12 de octubre también se interpuso una denuncia para que investigue Fiscalía.

Por hechos ocurridos en octubre, pero del año pasado, por tercera ocasión y bajo prevenciones legales, la Fiscalía dispuso se presenten el 26 de octubre próximo a rendir versión Leonidas Iza y Jaime Vargas, quienes además son investigados de forma previa por el delito de secuestro, hecho ocurrido durante las protestas de 2019 en el interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en Quito.

Al momento de las protestas de octubre del año pasado, Vargas era el presidente de Conaie e Iza era el presidente del MICC. Ambos eran parte de quienes estuvieron al frente de la movilización de personas pertenecientes a comunidades de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas que llegaron a la capital a protestar por las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno.

El secuestro que se investiga se habría dado cuando varios dirigentes indígenas convocaron a una rueda de prensa e instantes después retuvieron a policías y periodistas en el interior de la CCE.

Vargas es convocado a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción número 2, ubicada en la avenida Juan León Mera y Patria, norte de Quito, a las 10:00; mientras que Leonidas Iza debe asistir a esa misma instancia de la Fiscalía a las 14:30.

Para ambos casos, la Fiscalía advierte en su impulso que en el caso de no comparecer ambos en la fecha y hora indicados, "se los podrá hacer comparecer por intermedio de la fuerza pública". 

Fuente: El Universo

Asignación de presupuesto para las elecciones nacionales, aún sin definiciones

En el pleno del Consejo Nacional Electoral hay inquietud por la falta de recursos frente a la actualización que requiere la infraestructura tecnológica. Cortesía

Ecuador, 18 de octubre 2020

 

La asignación del presupuesto para la organización de las elecciones nacionales del 2021 es uno de los aspectos que no se dilucidan por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni por el Ministerio de Finanzas.

En agosto pasado el Consejo requirió de $ 114, 3 millones para los comicios, pero los valores se irían asignando de acuerdo con los requerimientos.

Es lo que ha dejado entrever la presidenta del organismo, Diana Atamaint, mientras que el recién posesionado ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, aún se empapa del asunto.

Atamaint prefiere no dar precisiones.

"La optimización del presupuesto posiblemente nos brindarán las empresas públicas y otras instituciones. Estamos definiendo para firmar acuerdos de cooperación y de esa manera no requerir de los fondos, puesto que nos darán en productos o servicios para compensar aquellos gastos que lo hacíamos con anterioridad", señaló en declaraciones a la prensa.

Comentó que se han dado proformas de cuánto costarían los servicios y se han "reducido costos", pero se desconoce en qué y por cuánto. No da detalles ni números mientras no se concrete con documentos, pero habría avances con Inmobiliar y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Así, Finanzas estaría entregando los recursos de acuerdo con las fases de contratación.

En ese caso, lo que se concretó es la suscripción de dos contratos con el Instituto Geográfico Militar (IGM).

El primero para la impresión de más de 65'600.000 papeletas electorales. De estas, 52'480.000 serán para la primera vuelta del 7 de febrero, en la que se elegirán binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos.

Y en el caso de una segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente de la República se imprimirán 13'120.000. El costo total asciende a $ 5'035.641.

Otro contrato suscrito es para la impresión de documentos electorales, como certificados de votación, actas de escrutinio y otros materiales que se utilizarán el día de las elecciones. El valor es por $ 4'402.310 con el mismo IGM.

Según Atamaint, otra actividad realizada es la contratación de personal para "todas las áreas". No especificó cuántos servidores se vincularon, en qué áreas y si hubo alguna reducción salarial para bajar el presupuesto, ya que este sería "el mayor rubro".

Desde el frente del Gobierno, el cambio de ministro de Finanzas, de Richard Martínez a Mauricio Pozo, generaría una pausa en las asignaciones.

Al ser consultado sobre el tema, Pozo reconoció que no tenía datos de "cuánto se debe" al CNE ni en "qué fecha se pagará", pues apenas lleva días en el cargo.

“El Gobierno es el principal interesado en que esto funcione como tiene que funcionar. Que se garantice la democracia, la transparencia del proceso y que al mismo tiempo no represente una carga excesiva en términos de gasto", dijo.

Añadió en una entrevista con este Diario que "se va a colaborar en la medida de lo posible, en todo lo necesario. Estoy recién tres días, pero se va a hacer el mayor de los esfuerzos por normalizar y apoyar para que el proceso sea lo mejor posible”.

La presidenta del CNE afirmó que las áreas técnicas están preparando la adquisición de equipos informáticos, programas, software de seguridad.

Días atrás en un pleno, el consejero José Cabrera reclamó que no tienen claridad de lo presupuestario y que eso está retrasando el cumplimiento del calendario. "Si el objetivo es que existan problemas en el proceso, lo van a conseguir. Son todas las áreas que comienzan a tener retrasos", indicó.

Atamaint lo sorprendió anunciando que las áreas financieras fueron informadas para que empiecen con los procesos. Llamó a un funcionario del área de tecnología que explicó que desde hace un mes estaban listos los términos de referencia para hacer los contratos.

Cabrera cuestionó que por qué no se empiezan las contrataciones. Y el funcionario le respondió que no estaban listos los presupuestos.

"¿Y cuál es la razón?", preguntó Atamaint. Y el funcionario indicó: "Desconozco, señora presidenta".

En ese contexto, el viernes pasado, la presidenta incluyó en el orden del día el conocimiento sobre la 'Actualización del Plan de Tecnologías de la Información y Comunicaciones' para las elecciones, que comprende la planificación de mejoras en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales.

El punto no se debatió porque la consejera Esthela Acero pidió que se suspenda su debate para leerlo y enviar "por escrito" sus posturas. Tuvo el apoyo del consejero Luis Verdesoto, y finalmente no se trató.

Ese documento de más de 200 páginas expone las deficiencias de los sistemas tecnológicos e informáticos y los requerimientos para actualizarlo.

Por ejemplo, para el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados requieren $ 336.900 y contratar a trece personas por un año.

Pero en total, para siete proyectos de innovación, se proyecta un presupuesto de $ 5'652.236.

Esta propuesta no se habría discutido con la comisión técnica que venía alertando al pleno de los requerimientos tecnológicos, y que estaba integrada por delegados de los cinco consejeros. Este equipo de trabajo elaboró cuatro informes al respecto, que fueron conocidos por los consejeros.

Verdesoto y Enrique Pita plantean a Atamaint que antes de aplicar esta actualización se apruebe el reglamento del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados (Setpar) y que se defina cuál es el presupuesto electoral que aprobó el Ministerio de Finanzas, para reformular la infraestructura tecnológica.

Fuente: El Universo