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Ecuador, 30 de junio 2020

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, señala que la entidad realiza un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en los Estados de Excepción para alertar a las autoridades sobre los problemas a la hora de ejercer algunos de ellos.

El Gobierno emitió un nuevo decreto de Estado de Excepción por la pandemia. Ya antes regía otro que se extendió. En este tiempo, ¿cómo evalúa usted el trato a los derechos humanos?

En la pandemia se han visto limitados ciertas facultades y derechos de la ciudadanía. A la movilización y a la asociación, por supuesto, algo necesario para controlar el virus. Pero hay otros q se afectaron. Le doy ejemplos. A la salud, cuando no ha habido una asistencia médica adecuada o no se han entregado los equipos necesarios al personal médico para hacer frente a la pandemia. Al trabajo, cuando se ha despedido a miles de personas. A la educación cuando no hay acceso a la modalidad virtual de un amplio sector de la población sin conectividad o equipos. O el aumento de violencia familiar. Hemos alertado al país a efectos de adecuar las políticas públicas para prevenir y proteger esos derechos.

Hay temas que el Estado puede atender como la salud o la educación, pero no hay recursos. Y además hay cuestiones que dependen de la empresa privada como el empleo. ¿Qué se puede hacer ahí?

Se podrá decir que la limitación del Estado es que quizás no hay los recursos suficientes, pero le voy a decir qué es lo que sí se puede hacer con decisión política.

En cuanto a los trabajadores, si bien el derecho al trabajo esta afectado por la pandemia, la protección a ese derecho no necesita recursos económicos cuando usted garantiza que los empleadores liquiden a sus empleados conforme a la ley pagando las indemnizaciones. El Estado está precarizando las relaciones laborales con la Ley de Apoyo Humanitario, con una reducción de la jornada y de la remuneración, esto afecta a las familias que no pueden ya atender sus necesidades alimentarse, educarse. Es una regresión en derechos.

En la salud, se prefirió pagar la deuda y dejar sin recursos, sin personal, sin implementos de protección a los médicos en plena pandemia.

En el manejo de cadáveres, se necesitan protocolos y que los cumplan. Los propios funcionarios admitían que ponían los nombres de los cadáveres con marcador o stickers y que se borraron porque estaban apilados. Hay 130 cadáveres sin identificar y familias en peregrinaje; ahí hubo negligencia.

En la educación, se suprimió la presencial pero no existe conectividad y se obligó a los niños a recibir clases virtuales. Y no hay acceso a eso. Añádale que aumentaron las tarifas de consumo eléctrico.

Estos vacíos en salud, educación y otros derechos ya existían desde antes. ¿Quizás el virus los evidenció con más fuerza?

Exactamente. El virus desnudó la profunda desigualdad e inequidad social que impera en el Ecuador. Y la precariedad del Estado en cuanto a políticas públicas para la protección de derechos. ¿Quiénes son los más contagiados? Los que no tienen agua o viven del trabajo informal en las calles. Con algunas excepciones de los que andaban en fiestas y eso fue irresponsabilidad.

¿Qué acciones ha desarrollado la Defensoría para atender estos problemas?

Hemos planteado varias acciones legales. Por ejemplo, una acción de protección por los ecuatorianos que estaban en extranjero varados. El juez se demoró más un mes en resolver y dijo que no se vulneró derechos. Los jueces no están dimensionado lo que pasa.

También una acción de protección de los familiares con cadáveres desaparecidos planteada hace más de un mes y no se pronunciaban cuando la realidad es tan evidente (se aceptó el pasado viernes).

En la Procuraduría General una consulta sobre el artículo 169 numeral 6 el Código del Trabajo y aún no hay respuesta cuando es su obligación determinar si son o no legales los despidos y el no pago de indemnizaciones.

Además, una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo del Ministerio de Defensa sobre el uso de armas letales. Eso es grave porque es darle a las FF. AA., que no están capacitadas para usar la fuerza letal, esa facultad de hacerlo, especialmente ahora que se han anunciado manifestaciones. Estamos a la espera de que la Corte Constitucional resuelva la medida cautelar y lo derogue (la Corte aceptó una demanda similar de otros grupos sociales la semana anterior).

En ese último tema, Defensa ha aclarado que el uso de armas letales no sería siempre, sino en el nivel 5 que se da en los Estados de Excepción.

Yo ahí veo dos problemas. La tarea del control interno es de la Policía. Las FF.AA. no tienen esa facultad. Les corresponde velar por la soberanía y la integridad nacional. Se hizo una enmienda que les permitía intervenir, pero fue declarada inconstitucional.

Actualmente estamos en un Estado de Excepción, así que bien podrían usar fuerza letal y no letal para controlar la protesta social. Ya hubo casos en octubre del año pasado de excesos en el uso de la fuerza no letal. Varias personas perdieron los ojos y hasta murieron.

El problema mayor es la discrecionalidad. El militar puede creer que están amenazando su vida y empezar a disparar. Se deja a su criterio el derecho a decidir sobre la vida e integridad de las personas.

¿Qué pasó con el informe de la Comisión de la Verdad que se creó para investigar el paro de octubre?

La Comisión está en funciones, pero no se ha reunido por la pandemia. Esperamos que pronto se activen porque estaban por entregar su informe.

¿Cómo se puede aplacar la protesta social para generar gobernabiliad?

Es difícil generar gobernabilidad cuando las medidas económicas tienen impacto en la población. Es difícil pedirle que no protesten a los que han perdido su trabajo. El tema no es evitar la protesta sino garantizar que no se use las fuerza para reprimirla. 

Fuente: El Universo

 

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