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Ecuador afronta una crisis en cuidados intensivos y con camisa de fuerza, según The Economist

Luego de que el mundo viera fuertes imágenes de lo ocurría en Ecuador a causa de la pandemia de coronavirus, incluyendo las de cadáveres en las calles, ahora el gobierno local se enfrenta al temor de un nuevo brote, así como a otras dificultades.

De acuerdo con una publicación de The Economist, una de las complicaciones es que el presidente Lenín Moreno es débil politicamente y económicamente.

Desde el 2000 Ecuador es un país dolarizado, algo que le dio estabilidad y bajó su inflación, pero durante nuevas dificultades como la que está viviendo no puede imprimir dinero como hacen otros países -pese a que expertos indican que eso causa mayores problemas a futuro-.

Además de que tiene problemas para acceder a préstamos internacionales porque su antecesor, al que se tacha de populista, Rafael Correa acumuló una gran deuda que Moreno lucha por pagar.

También hace notar que Correa se benefició del boom de la materia prima en su administración y, pese a que una parte del dinero se invertió en infraestructura, en la década de su administración se dobló el tamaño del Estado y parte del dinero cayó en manos de la corrupción. También recalca que, durante ese tiempo, a pesar del gasto, Ecuador solo alcanzó un puntaje superior a la media de médicos en la región, pero debajo del de camas de hospitales.

Cuando el boom de las materias primas terminó el país cayó en un déficit fiscal y una creciente deuda pública. Razón por la que, a Moreno, que llegó de la mano de Correa al poder y luego se alejaron, ha tenido que pagar la factura.

En marzo del 2019 Moreno acordó con el FMI un préstamo por 4,2 miles de millones de dólares. Razón por la que el organismo pedía resolver el déficit fiscal y tomar medidas para hacer al país más competitivo, principalmente a través de las exportaciones no petroleras.

En el primer intento de eliminar el subsidio a los combustibles el país estalló en una protesta social en octubre de 2019 que hizo a Moreno retroceder de su decisión -aunque durante la pandemia y con los precios del petróleo bajos lo terminó haciendo-.

Ahora con un déficit fiscal de al menos el 6% del PIB el gobierno pelea por conseguir dinero. Algo que lo ayudó a ahorar el 2,5% fue acordar posponer los pagos de intereses con los tenedores de bonos, así como el recortar las horas de trabajo de empleados públicos.

En tanto, el enojo por los casos de corrupción durante la emergencia sanitaria ha aumentado la resistencia a la elevación de impuestos.

En mayo pasado el FMI aprobó un préstamo de emergencia para Ecuador de más de 600 millones de dólares. También se obtuvo un préstamo de China y hubo más alivio de los tenedores. Incluso el Estado ha usado dinero del BID para incrementar los pagos a sectores necesitados.

Otra de las medidas de Moreno ha sido tratar de impulsar una recuperación con pequeñas reformas en lo laboral que lo vuelven aún más impopular frente a las elecciones de 2021.

La publicación habló con Augusto de la Torre, expresidente del Banco Central, quien indicó que la institución más popular del país es la dolarización, más que la iglesia o el ejército. Pero que a su vez se ha aprendido de manera dura que también significa no imprimir billetes.

Mientras, Andrés Mejía, experto en política ecuatoriana del King's College de Londres, dijo que el país hay una coalición 'fantasma' operando en las sombras que no está apoyando la austeridad públicamente, pero que la facilita. De esta manera están haciendo lo que pueden para superar la emergencia, pero sin pensar en el desarrollo a largo plazo.

En todo ese contexto Moreno ha dicho que no se presentará a la reelección, tiene una aprobación del 19%. Mientras uno de los líderes nacionales, Jaime Nebot, también desistió de lanzar una candidatura, quizás por el escenario que tendría que enfrentar.

En tanto, Correa, quien actualmente reside en Bélgica y ha sido sentenciado en Ecuador, busca a quién poner como su candidato para las próximas elecciones.

The Economist sentenia que a menos que aparezca un candidato creíble y reformista, es probable que el populismo tome de nuevo el poder, pero esta vez sin dinero. 

Fuente: El Universo

 

$63,3 millones suman los subsidios en 2019 por el carné de discapacidad

Tatiana Esmeraldas lleva meses en el trámite para obtener el bono Joaquín Gallegos Lara, de $ 240, para comprar los pañales, leche y medicinas que necesita su hija, Nadia, que registra 77 % de discapacidad. Ronald Cedeño

Ecuador, 5 de julio 2020

Nadia tiene 2 años y unas ganas fuertes de jugar, como los demás niños de su edad, o al menos caminar. Pero no puede. A los cuatro meses de nacida le diagnosticaron hidrocefalia, paraplejia irreversible, espina bífida y mielomeningocele, enfermedades que le paralizan la mitad inferior del cuerpo y limitan sus movimientos.

Su sonrisa infantil resalta a un costado de un carné que le atribuye el 77 % de discapacidad física y que califica su condición como "muy grave". Sus padres, actualmente sin trabajo, luchan para que Nadia reciba el bono de $240 que les permita comprar la leche, medicinas y los pañales que la pequeña necesita.

"No puede caminar, pero sí me reconoce, retiene líquidos, orina bastante. Estoy rogando, mi hija no recibe ayuda desde que nació", cuenta Tatiana Esmeraldas, una guayaquileña de 27 años que se cansó de esperar y decidió publicar en las redes sociales las desgarradoras fotos que muestran la espina bífida de Nadia.

"Desde que me enteré de la corrupción con los carnés, me decepcioné por completo, por eso subí a las redes", cuenta ella, y explica que le falta la última de las tres visitas de funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social para completar el proceso y recibir el bono.

La tarde del viernes pasado, una brigada del MIES acudió a su vivienda en el Guasmo sur, en la cooperativa Batalla de Tarqui. Ella pensó que era la última visita pendiente.

“Enantes vinieron, me dijeron que tengo que esperar hasta que esté en luz verde, lo mismo de siempre, que tenga paciencia... También me dijeron que no los haga pedazos en las redes sociales", dijo Tatiana Esmeraldas, de 27 años.

El bono Joaquín Gallegos Lara es uno de los beneficios que reciben las personas con discapacidad. De los 485 325 registrados en el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), 176 233 reciben esta pensión, la mayoría en Guayas, donde vive el 25 % de este grupo. Le siguen Pichincha y Manabí, con el 16 % y 10 %.

Pero el bono no es el único beneficio que fijó la Ley Orgánica de Discapacidades, creada en el 2012. En ella también se incluyeron la exoneración en el pago de impuestos para importar vehículos, reducción en las tarifas de servicios básicos, devolución de valores pagados por el IVA, disminución en el pasaje urbano e interprovincial. Incluso de los boletos aéreos.

Todos estos beneficios sumaron, según datos obtenidos por este Diario, $63,3 millones en 2019. En pasajes aéreos, por ejemplo, se aplicaron descuentos por $428 366 en 9085 tiquetes. La ruta en la que más se usó el carné fue Guayaquil-Fort Lauderdale-Guayaquil.

“No se puede utilizar la discapacidad para beneficiarse. Es inmoral, ilegal", dijo Marcelo León Tenorio, asesor legal de la Asociación de Personas con Discapacidad de Guayas.

León se reunió el viernes pasado con miembros de su agrupación para planificar plantones en los próximos días para reclamar por sus derechos.

Él se refiere básicamente a la entrega de carnés, con altos porcentajes de discapacidad que investiga la Fiscalía, usados para traer al país vehículos de lujo por parte de asambleístas, jueces, contratistas del Ministerio de Salud y del IESS. Solo en este rubro el Estado ha subsidiado $107 millones en el periodo 2010-2019, según datos del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), unos $42 millones el año pasado.

Mientras algunos políticos han logrado importar carros fácilmente, Kléber Camacho, presidente de la Asociación de Discapacitados de las Fuerzas Armadas, califica este trámite como "una odisea", pues el papeleo es largo y con trabas. Además, dice, el carné actual no sirve y la persona tiene que recalificar su porcentaje de discapacidad para continuar con el trámite.

A diferencia de ese trámite, el acceso a los descuentos en planillas telefónicas y de internet llegó sin mayores dificultades a 33 243 personas con discapacidad, como Gonzalo Paredes, quien fue recalificado con 47 % de discapacidad física.

Los subsidios en estos servicios llegaron a $3,3 millones el año pasado. En los taxis, aseguró Paredes, le cobran la tarifa completa, cuando debería ser la mitad. "Ahí no se respeta", dijo el hombre que sí recibe la reducción de la tarifa cuando viaja intercantonal o interprovincialmente.

Por estos beneficios, familiares de personas con discapacidad peregrinan para conseguir un carné. Ana María Andrade, de 40 años, lleva cinco años en esa lucha por su hija, de 14 años, quien padece -según médicos que la han revisado- discapacidad intelectual.

Me da indignación que otros que no tienen discapacidad tengan el carné y mi hija que lo necesita para estudiar aún no lo tiene", dice Ana María Andrade.

En la escuela, aseguró, se dieron cuenta de que la niña tenía "un retraso". Del plantel fiscal la derivaron a un centro de salud para que haga el trámite del carné, cuenta la madre, quien en 2015 acudió con su hija a la primera valoración psicológica. La derivaron al hospital, le pidieron exámenes neurológicos y le dijeron que debía esperar cupo para la calificación.

"Pasaban 2, 3 meses... y cuando iba, me decían que ya había pasado mucho tiempo y que debía comenzar de nuevo", contó la mujer, desempleada, madre soltera de siete hijos y quien padece de insuficiencia cardiaca, hipertensión y diabetes.

Casos como estos y más graves atiende la psiquiatra Julieta Sagñay, unos 400 al mes. Algunos de ellos son pacientes crónicos con esquizofrenia, retraso mental, epilepsia o autismo, que no tienen la credencial de discapacidad, porque los han valorado psicólogos en lugar de psiquiatras: "Tengo coraje", dice, "porque yo sé lo que tienen que pasar los pacientes para tener su carné".

Activistas piden estar en auditorías

Las irregularidades en la calificación y emisión de carnés de discapacidad empezaron a identificarse en 2013, cuando la competencia del proceso de carnetización pasó al Ministerio de Salud (MSP), estimó Xavier Torres, presidente del Consejo para la Igualdad de Discapacidades.

El ministerio tiene 180 equipos calificadores, que serían –según Torres– difícil de controlar. Por ello, Torres aseguró que ha propuesto que sea solo un equipo por provincia.

"Cuando abres mucho el mecanismo, se desvirtúa a veces, es preferible uno en cada capital para que pueda controlar de la mejor manera", refirió y propuso que la Asociación de Personas con Discapacidad de Guayas realice una veeduría ciudadana independiente de las credenciales entregadas en esa provincia.

En tanto, el MSP aseguró que ha realizado, en los últimos cuatro años, 3500 auditorías a los procesos de calificación y recalificación. En estas auditorías quieren ser incluidos los organismos que representan a grupos vulnerables. "No se puede permitir que el MSP sea juez y parte de los actos de corrupción que se han detectado entre sus funcionarios", señala el comunicado de una docena de organismos que se oponen a la recalificación.

“Se consideran aspectos que no son relevantes a la hora de dar un porcentaje de discapacidad, porque la discapacidad de una persona no está relacionada con el factor socioeconómico ni con su autonomía, sino con el nivel de afectación y el impacto psicológico y social que esta discapacidad le puede causar, las limitaciones en el acceso laboral, social, educativo”, reclamó Paola Zambrano, de Autismo Ecuador.

Zambrano pone de ejemplo el caso de su hermana, quien tiene síndrome de Down y es independiente en casa. "Ella no calificaría en autonomía, pero ella no puede salir sola de casa, no tiene nociones de peligros, no maneja dinero", apuntó.

Betzabeth Pilaloa, presidenta de Asopléjica, tampoco está de acuerdo con el proceso de recalificación. En su caso, la activista registra 95 % de discapacidad física por las secuelas de la poliomielitis. Hace cinco años tuvo que dejar el bastón para usar una silla de ruedas. "Con la recalificación podría disminuir a 40 %, pero yo sigo con mi discapacidad, las secuelas aumentan con los años", expresó la dirigente. 

Fuente: El Universo

Fiesta juliana de Guayaquil, con distanciamiento, en fase de reactivación

En una camioneta y con mascarilla, los personajes Juan y Juanita Pueblo saludaron a habitantes del norte de Guayaquil. Foto de José Beltrán

Ecuador, 4 de julio 2020

No hubo desfile ni baile, sino que Juan y Juanita Pueblo, subidos en una camioneta y con mascarillas, llevaron un saludo a los barrios como homenaje a Guayaquil por sus 485 años de proceso fundacional.

Los carros alegóricos y academias de baile estuvieron ausentes en el tributo juliano organizado por el Municipio en el norte de la ciudad.

Solo una camioneta fue engalanada con telas celeste y blanco para que los personajes que representan el orgullo y civismo de los nacidos en el Puerto Principal saludaran a los habitantes del bloque 7 de Bastión Popular y de Mucho Lote, la mañana del viernes 3. En los portales, sonrientes moradores agitaron las manos en respuesta.

Fue un acto necesariamente modesto por las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus. Y aunque el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional ha relajado las medidas de confinamiento, no hay cómo permitir las aglomeraciones por el riesgo de contagio del COVID-19.

En Guayaquil, julio era el mes de las retretas en los parques del centro, de conciertos gratuitos, de la visita de parques de diversiones, de desarrollo de ferias y por supuesto de desfiles para mostrar vistosas alegorías en la avenida 9 de Octubre o en el río Guayas, con figuras que guardaban una temática que las relacionaba con la considerada capital económica del Ecuador.

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria a mediados de marzo por la propagación del coronavirus, el turístico malecón Simón Bolívar permanece cerrado. Por decisión reciente solo hay acceso al centro comercial y al Mercado del Río, ambos en el cruce con la calle Colón.

Los parques Seminario y Centenario, en los que hay monumentos que aluden a quienes lucharon por la libertad de Guayaquil, siguen sin recibir visitantes.

"Todo cerrado" fue el resumen de la alcaldesa Cynthia Viteri respecto de la consulta, el jueves 2, de que si por las fiestas se podría abrir algún atractivo.

Luego del saludo de Juan y Juanita Pueblo, Kimberly Alvarado, habitante del bloque 7 de Bastión Popular, comentó que los personajes transmitieron alegría, en especial a los niños. "Por una parte está bien que estén poquitos, hay que cuidarse", reflexionó.

Su vecina Rocío Dávila comentó que ella solía desplazarse al centro de Guayaquil para apreciar desfiles y más actos, pero que ahora la situación determina que por cuidar la salud deban quedarse en casa.

El zoológico El Pantanal, situado en la vía a Daule, reabrió sus puertas el miércoles 1.

Días antes, el COE nacional autorizó la reapertura de parques, cines y la asistencia de máximo 25 personas en los velatorios. Exponiendo que necesitan trabajar, sigue la espera para dueños de locales de diversión, de gimnasios, entre otros negocios.

En la reactivación paulatina de actividades, el parque Samanes está pendiente del aval del COE de Guayaquil para volver a recibir visitantes. Por ser espacio recreativo, la respuesta quedó en esta instancia.

Las actividades en la ciudad luego de la crisis por el pico de contagios y de muertes por COVID-19 también se sujetan a ordenanzas reformadas para ceñirse a las normas sanitarias. 

Fuente: El Universo

De $2915 millones a $4076 millones subió deuda del Ministerio de Finanzas al Banco Central del Ecuador

QUITO. El Banco Central será recapitalizado por Finanzas, que entregará unos $ 100 millones de utilidades anteriores que le fueron transferidas.

Ecuador, 4 de julio 2020

El volumen de facilidades de liquidez que el Banco Central del Ecuador (BCE) ha otorgado al Gobierno se infló en cuestión de días. El rubro ‘Valores distintos a acciones del Gobierno Central’ que se registra en el Boletín Monetario Semanal pasó de $2915 millones el 12 de junio a $4076 millones el 19 de junio. Así consta en la página web de la entidad financiera.

Este cambio se produce luego de que el Banco Central anunciara que tuvo que hacer un pago de $370 millones para recuperar oro (300 000 onzas equivalentes a $500 millones) y bonos ($606 millones) que habían estado atados a una operación de crédito del Ministerio de Finanzas por $500 millones entregado por la banca de inversión Goldman Sachs.

Aunque el Gobierno ha explicado que la operación realizada no constituye una nueva facilidad de liquidez, en el registro del Banco Central queda establecido que se ha generado una nueva ayuda y que la deuda subió. Las facilidades de liquidez, duramente criticadas por analistas en el anterior Gobierno por constituirse en una suerte de “expansión del balance” y por utilizar reservas internacionales, ya están prohibidas por ley.

Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Económica, comentó que “en rigor el BCE ha entregado nuevamente un préstamo al Gobierno y de esta manera se continúa ensanchando el balance de la entidad financiera”. El rubro no sube solo en los $370 millones que representan el pago anunciado. La subida es de $1161 millones, que más menos es el resultado de sumar los $500 millones que ahora Finanzas debe pagarle al Central y los $606 millones de bonos.

Para Carrera, lo sucedido sí tendría visos de ilegalidad, pues la ley prohíbe que el Central use las reservas internacionales para hacer préstamos al Gobierno.

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, comentó que lo sucedido genera dudas en al menos dos aristas. Dice que el BCE debería explicar por qué, si se hizo un pago de $370 millones, ahora aparece una deuda por $1100 millones. También considera que el tema legal debe ser esclarecido, pues actualmente hay una prohibición de realizar las operaciones que antes hizo el régimen correísta.

Por su parte, el Banco Central ha informado que lo sucedido es una consecuencia de las cláusulas del contrato de crédito que hizo Finanzas con Goldman Sachs y que establece que, en caso de que el ministerio no pudiera cancelar el crédito, Golman podría quedarse con los activos del BCE (oro y bonos). La posición del Central es que su papel ha sido rescatar dichos activos

El rubro ‘Valores distintos a acciones’ tuvo un crecimiento acelerado en el anterior Gobierno. Así lo recuerda Carrera. Cuando asumió Rafael Correa, ese rubro estaba en $1100 millones; sin embargo, este monto representaba el equivalente a los Bonos AGD (deuda del Estado al BCE). Sin embargo, en diciembre del 2008, esta deuda se extinguió con un traspaso de los bonos a valor cero a Finanzas. Desde esa fecha hasta octubre del 2014 ese rubro se mantuvo en el orden de los $40 millones. A partir de octubre de ese año el Gobierno empezó a requerir facilidades de liquidez (préstamos) al BCE hasta llegar a $5846 millones, en abril del 2017, un mes antes de dejar el poder.

El Gobierno de Lenín Moreno, con su ministro de Finanzas Carlos de la Torre, idearon una manera de pagar parte de esos préstamos al Central. Así, le entregaron acciones de banca pública y pasó a tener acciones del CFN y Pacífico. En ese momento, la deuda bajó a $3724 millones. De manera periódica se registraron hasta junio pasado algunas rebajas de la deuda hasta llegar a los $2915 millones. Incluso, la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, había informado que el Gobierno tenía un plan de pagos de dicha deuda, que se iba a poner en marcha si se aprobaba la Ley Monetaria, que finalmente no pasó en la Asamblea. Ahora, el rubro volvió a crecer.

El Ministerio de Finanzas ha indicado que se está trabajando en una manera de pagar al Central lo que se le adeuda.

Solicitud de consentimiento de bonos obligó a 'rescate'

La operación de crédito que hizo Finanzas con Goldman Sachs fue declarada como un “evento de crédito”, es decir, se consideró que el Gobierno incumplió los pagos cuando Finanzas realizó un pedido de consentimiento a los tenedores de bonos para dejar de pagar los intereses de los bonos.

Esto ocasionó que Goldman Sachs procediera a solicitar la terminación anticipada de las inversiones. Para ello se liquidó la operación. Tras este problema había dos escenarios ha dicho el Banco Central: el primero era perder los activos por $1100 millones (oro y bonos), o salir a rescatarlos. La segunda opción era la mejor.

Fuente: El Universo

Utilidad para Petroecuador ya no es prioridad en ventas de crudo solicitadas por el Ministerio de Finanzas

QUITO. Petroecuador no tiene el documento de crédito por $970 millones, deuda que paga con crudo a Petrochina. Archivo

Ecuador, 4 de julio 2020

El directorio de EP Petroecuador aprobó este 1 de julio una “Actualización de la política de comercialización internacional de crudo” que flexibiliza la obligación de priorizar la utilidad para la empresa. Esto para ciertos casos especiales que sean pedidos por el Ministerio de Finanzas.

Mediante resolución DIR-EPP- 08-2020-07-01, el directorio de Petroecuador -conformado por el ministro de Energía, René Ortiz; el presidente de EMCO, Marco Ávila, y Johana Pesántez (delegada del presidente Lenín Moreno)- aprobó la nueva política que ahora establece que “para los casos en los que la operación de compraventa de hidrocarburos sean solicitados por el ente rector de las finanzas públicas … el directorio de la EP Petroecuador, para la autorización del inicio del proceso de negociación respectivo, deberá considerar el beneficio financiero o económico para el Estado en su conjunto, sin limitarse al rendimiento y utilidad empresarial”.

De esta manera, se da luz verde a una operación de venta de crudo entre 50 millones y 70 millones de barriles de crudo a la empresa Zhenwua, necesaria para concretar un crédito por $1400 millones para el fisco, pero que EP Petroecuador consideraba no conveniente para los intereses económicos de la empresa, pues podría generar una pérdida de $119 millones, debido al diferencial que la negociación comercial con China representaría.

La resolución del directorio se ampara en lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1075 del 23 de junio pasado, que cambió las atribuciones de los directorios y gerentes de empresas públicas. Así, tras ese decreto, el directorio ordenó el cambio de política de comercialización de crudo, directriz que fue cumplida por el gerente de la petrolera (Pablo Flores), quien redactó la propuesta del texto que acaba de ser aprobada, según consta en la resolución.

La política de comercio internacional de petróleo dictaba, antes de este cambio, la obligación de la empresa de “propender a la maximización de los ingresos por venta internacional de hidrocarburos”. Además, comercializar a largo plazo (dos años) el petróleo y los derivados, preferentemente con compañías estatales y consumidores finales. Así también mantener el control de los precios a través de ventas spot ocasionales (programadas) mediante concursos abiertos y que sean mínimo 10 % del saldo exportable anual. Esto permite ajustar los precios conforme al mercado.

El Ministerio de Finanzas ha remarcado que habría varios beneficios para el país. El primero es el acceso inmediato a $1400 millones de libre disponibilidad para el Estado, con una tasa de financiamiento Libor 3M + 5,15 % (reducción de 1,05 % con relación al interés de un préstamo anterior a Petroecuador). Habría un periodo de gracia de 9 meses, por lo que el actual Gobierno no tendría que realizar pagos. También se hace hincapié en que habría un ahorro en pago de intereses de alrededor de $1100 millones si se compara con el costo de financiamiento en el mercado de capitales.

Este último punto demuestra la nula posibilidad que tiene el país de conseguir créditos en los mercados. Con el Riesgo País actual, que al 2 de julio se había colocado en 3279 puntos, el interés al que se podrían colocar los bonos sería de 30 % por año.

Finanzas considera que la operación también podría beneficiar a Petroecuador. Esto pese a la pérdida calculada de $119 millones. Es que para proceder con la operación, es necesario el pago anticipado de la transacción vigente ($217 millones), en la que contractualmente Petroecuador es el prestatario, esto traerá como consecuencia costos evitados por conceptos de pago de intereses y comisiones, lo que le aliviará la presión fiscal a Petroecuador en el gasto corriente.

Fuente: El Universo

Una docena de demandas de inconstitucionalidad suma la Ley de Apoyo Humanitario en la Corte Constitucional

Representantes de gremios sindicalistas del FUT, se reunieron el 2 de julio con el defensor del Pueblo, Freddy Carrión para anunciar demandas de inconstitucionalidad a la ley Humanitaria. Cortesía

Ecuador, 4 de julio 2020

En la Corte Constitucional (CC) se han presentado, al menos, una docena de demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Apoyo Humanitario para la emergencia para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, que está vigente desde el 22 de junio pasado.

Entre los artículos que son motivo de las demandas están el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, y varias disposiciones transitorias; se pide también que se emitan medidas cautelares suspendiendo su aplicabilidad, hasta que la CC resuelva las impugnaciones.

Entre los demandantes están la Defensoría del Pueblo, el asambleísta independiente Raúl Tello, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión General de Trabajadores (UGTE), la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores), el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y el Partido Unidad Popular (PUP).

Estas dos últimas muestran su preocupación sobre la disposición interpretativa al numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo.

El CEE consideró que fue "introducida a última hora de forma irregular durante el segundo debate parlamentario" y que va a "perjudicar a empresas, principalmente pequeñas y medianas, que se ven impedidas de encontrar un medio jurídico y lícito para sobreponerse a la paralización de actividades y la falta de ingresos durante más de 80 días".

Las organizaciones sociales demandan, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral en el 50 %, el acuerdo entre las partes, las doce horas de desconexión en la modalidad del teletrabajo, el calendario de vacaciones.

Richard Gómez, vocero de la CUT, cuestionó que los empleadores se verán "beneficiados al poder contar una mayor producción del trabajador, pero estos verán sus obligaciones económicas reducidas".

"La ley implanta en el país un retroceso histórico de precarización del trabajo, porque reincorpora bajo una forma simulada a la figura de la contratación por horas que se encuentra prohibida", indica en el documento.

Sobre el artículo 16, Tello señala que esto "implica poner a las dos partes, empleador y trabajador, en condición de igualdad, cuando la realidad es que el trabajador está en situación de desventaja, mucho más en los actuales momentos en los que el país vive una emergencia sanitaria que ha tenido un gran impacto en el empleo y la economía".

La Corte deberá analizar los diferentes reclamos para resolver si los admite a trámite y si los acumula por corresponder a la misma norma. 

Fuente: El Universo

Fiscalía pide audiencia de vinculación para Alfredo Adum en caso de fuga aérea de Daniel Salcedo

La avioneta se accidentó el pasado 8 de junio en el norte de Perú. Cortesía

Ecuador, 4 de julio 2020

La Fiscalía solicitó fecha y hora para la audiencia de vinculación del empresario y político Alfredo Adum, y del piloto Frankin Lara, por el presunto delito de fraude procesal, en el caso de la fuga aérea de Daniel Salcedo Bonilla, quien se accidentó en el norte de Perú, al intentar escapar de la justicia ecuatoriana.

Salcedo, quien es investigado por presuntas irregularidades en hospitales del país, actualmente, se encuentra internado en el hospital Abel Gilbert Pontón, en el suburbio de Guayaquil.

Este jueves 2, Franklin Lara apareció luego de varias semanas del accidente. Él piloteaba la avioneta que, según la familia Adum, sus propietarios, habría sido robada.

Alfredo Arboleda, abogado de Alfredo Adum, indicó este jueves que el piloto Franklin Lara, ante la Fiscalía, habría informado que cuando se hallaban en territorio peruano, el fallecido piloto Alfredo Espinoza habría forcejeado con él y se habría producido el accidente en Tumbes.

Fuente: El Universo

Daniel Salcedo se declara en estado de delirio y fiscal no puede tomar su versión

El abogado Luigi García ingresó al hospital con personal de la Fiscalía, la tarde de este viernes 3. Foto: Ronald Cedeño.

Ecuador, 4 de julio 2020

Daniel Salcedo, implicado en la trama de corrupción en hospitales del país, no pudo rendir su versión este viernes en el caso de presunto lavado de activos, por el que está siendo procesado su hermano Noé, quien fue capturado el 9 de junio pasado, en la frontera sur, en posesión de 40 000 dólares.

La detención ocurrió un día después de que Salcedo tuviera un accidente aéreo cuando huía del país en una avioneta.
Pasadas las 14:00 de ayer, la fiscal Ivone Proaño llegó para la diligencia al hospital Abel Gilbert Pontón, en el suburbio de Guayaquil, donde está internado Salcedo.

Enseguida ingresó Luigi García, defensor de Salcedo. Treinta minutos después, todos salieron del sitio.
García explicó que no se realizó la toma de versión a Salcedo, porque su estado es crítico, y debido a que supuestamente sufriría de 'delirios'.

"La propia dirección de este centro hospitalario prohibió que ingresemos a la Unidad de Cuidados Intensivos porque el estado de salud de Daniel Salcedo es crítico. El señor tiene delirios, es decir, tiende a confundir ciertos hechos y ciertos actos, es más, esos delirios se remontan al año 2016. De tal forma que él no está en condiciones de rendir una versión", manifestó el abogado García.

Agregó que se pedirá un informe al hospital Guayaquil para establecer una nueva fecha de comparecencia.
Salcedo está vinculado a una investigación por peculado por la compra con sobreprecio de insumos médicos para hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Por este hecho le dictaron prisión preventiva, pero también se lo proceso por el delito de fraude procesal, es decir, por salir del país pese a una boleta de captura que había en su contra desde el 3 de junio, día que se realizaron 37 allanmeintos y se detuvo a 16 personas por actos de corrupción.

Ayer el fiscal Joffre Velasco, quien investiga la huida de Salcedo, contó que el martes intentó viajar a Perú para levantar indicios sobre el accidente en el que falleció un piloto, pero los militares peruanos no les permitieron el paso, pues las fronteras permanecen cerradas por la pandemia.

"Estamos ala espera de la autorización de la Fiscalía peruana para que permitan el ingreso. Tuvimos que regresarnos porque ni en Huaquillas había como esperar autorización, los hoteles están llenos de personas en aislamiento.

Veslasco dijo que la otra semana, entre el lunes y el martes, viajarían nuevamente a Perú.

En ese país permanecen los retos de la avioneta accidentada en Tumbes y que pertenece a la familia Adum, quienes denunciaron que la aeronave había sido robada tras conocerse la noticia del choque.

El miércoles el piloto oficial de la nave,quien había estado desaparecido desde el día del accidente, acudió a la Fiscalía de La Merced para rendir su versión en el caso de fraude procesal.

El abogado de la familia Adum, Alfredo Arboleda, relató lo que el piloto contó en su versión, pues Lara abandonó la dependencia judicial evitando a la prensa.

Según Arboleda, Lara indicó que el piloto Alfredo Espinoza, el único fallecido en el accidente, habría alquilado la aeronave por 1500 dólares, dinero que supuestamente fue transferido a quien administra la aeronave.

 “Dijo Lara que no conocía a los pasajeros y que solo subió a la aeronave para asistir en el vuelo a Espinoza. Dijo que tampoco sabía que iban a Perú y que él bajó la cabeza para llenar papeles por algunos minutos y que cuando levantó la mirada se dio cuenta de que no iban a la isla Puná, como decía el itinerario de vuelo”, indicó el abogado de Adum.

El legista aseguró que el piloto sobreviviente indicó al fiscal que él empezó a forcejear con el piloto Espinoza para retomar la ruta y que esto habría causado el choque en Tumbes.

Como si se tratara de una telenovela, Lara dijo según Arboleda, que había sido rescatado por persona que pasaban en una especie de tricimoto y quienes lo curaron.

El abogado de la familia Adum asegura que la historia le resulta poco creíble y que eso haría dudar incluso de personal de la torre de control, porque de ser cierto que nunca fueron a Puná, salta la duda de en qué momento se alteró la matrícula de la avioneta sin que nadie lo notara en tierra. 

Fuente: El Universo