Los maestros no tendrán jubilaciones diferenciadas, pero sí un ajuste salarial

La Asamblea Nacional, este 13 de marzo, cerró toda posibilidad de aplicar una jubilación anticipada a 18.665 maestros afiliados pertenecientes al sistema nacional de educación, al aprobar en segundo debate las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), ordenada por la Corte Constitucional.

La legislatura con 113 voto a favor ratificó que los profesores tendrán una nueva escala salarial a partir de la categoría G, con un sueldo base de $ 986 hasta $ 2.034 para los maestros de la categoría A. Aunque el proyecto pasará a conocimiento del Ejecutivo y posteriormente, a la Corte Constitucional.

Los legisladores se reunieron este domingo para concluir con el trámite de este proyecto de ley debido a que se vence el plazo que concedió la Corte Constitucional para que se ratifique o se sustituya la normativa que aprobó la anterior Asamblea sobre incremento de remuneraciones y aplicar una jubilación especial para los profesores del sistema nacional de educación.

El trámite de este proyecto estuvo matizado de un plantón protagonizado por maestros agrupados en la Unión Nacional del Educadores frente al Palacio Legislativo.

Respecto a las jubilaciones anticipadas para el magisterio, la comisión acogió las recomendaciones realizadas por los estudios actuariales de que no se deben fragmentar la población y la creación de prestaciones diferenciadas, sin sustento técnico. Por lo tanto, la jubilación docente debe seguir las condiciones y requisitos establecidos para la seguridad social en general.

La escala remunerativa que se aprobó se inicia en la categoría G con $ 986 hasta $ 2.034 en la categoría A. Los docentes con contrato y nombramiento provisional ganarán $ 817 cuando cuenten con su titulación.

Tabla salarial aprobada por Asamblea Nacional

La disposición legislativa señala que el ministro de Finanzas realizará los ajustes, traspasos y programaciones necesarias en los próximos tres meses.

Una vez aprobado el proyecto, la sesión continúo con el trámite en primer debate del proyecto económico urgente de inversiones remitido por el Ejecutivo.

Debate

Las autoridades económicas del Gobierno alertaron de que las reformas introducidas a la LOEI, en el anterior periodo legislativo, contienen el financiamiento respectivo, pues los ingresos corrientes vigentes son insuficientes para cubrir la nueva obligación propuesta.

Pero el asambleísta Manuel Medina (PK) dijo que la mesa de Educación que preside hizo válidas las opiniones de los expertos económicos Pablo Dávalos, Diego Borja y de la asambleísta Mireya Pazmiño, quienes argumentaron que el Estado recibirá ingresos adicionales por el incremento del precio del barril de petróleo, el aumento de las recaudaciones tributarias y por el restablecimiento del presupuesto para educación.

La legisladora Nathalie Arias (BAN) cuestionó las fuentes de financiamiento señaladas por la mesa legislativa, pues no se pueden financiar egresos permanentes con ingresos no permanentes.

Que es un absurdo que se hable del uso de los recursos provenientes por el incremento del precio del barril de petróleo, cuando son absolutamente coyunturales y menos se conoce el rubro que ingresará.

El impacto fiscal estimado de las nuevas remuneraciones de los maestros es de $ 2.800 millones, y eso equivale al doble de lo que pretende recaudar la ley tributaria, la cual quiere derogar un sector del Parlamento. Cuando esos recursos están destinados a cubrir el déficit, y que tampoco los fondos del Banco Central son caja chica, pues corresponden a las reservas.

La asambleísta Isabel Enríquez, de PK, dijo que sí es pertinente una equiparación salarial a los maestros y que eso no implica $ 2.800 millones como lo aseguran los voceros del Gobierno, sino que la cifra no supera los $ 700 millones.

Cuestionó que hoy están propiciando mesas de diálogo, pero cuando estaba en discusión el gobierno nunca mostró interés.

Trámite de la reforma

La Asamblea Nacional, el 9 de marzo de 2021, aprobó un proyecto que reformó la LOEI, y esta fue publicada en el Registro Oficial el 19 de abril, donde no hubo observaciones desde el Ejecutivo.

En mayo de 2021, la Corte Constitucional admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad planteada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y un particular, y como medida cautelar suspendió la vigencia de las reformas.

La actual legislatura, en junio de 2021, respaldó las reformas publicadas en abril de ese año y determinó que reúne los requisitos legales y constitucionales, y pidió la revocatoria de las medidas cautelares.

La Corte Constitucional, en agosto de 2021, declaró la constitucionalidad de las reformas a la LOEI, pero impugnó lo relativo al régimen de jubilación especial de los docentes del sistema nacional de educación, y concedió a la Asamblea un plazo de 30 días para subsanar las observaciones con base en estudios actuariales que presente el IESS, y a partir de ahí se deberá debatir y aprobar en dos debates.

El viceministro de Finanzas, Édgar Orellana, ante la Comisión de Educación señaló que no existe presupuesto para el aumento salarial y que cumplir con su obligación constitucional del incremento fiscal equivalente al 0,5 % del producto interno bruto (PIB), para el sector educación implicaría que “las entidades con mayor participación, como Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, tendrían que desaparecer para poder financiar en parte la aplicación del proyecto de ley, poniendo en riesgo los servicios que prestan a la ciudadanía en general“.

Esa aseveración molestó a los legisladores y consideran que el ministerio dio poca importancia a lo ordenado por la Corte Constitucional.

La información proporcionada por Nelson García Tapia, director general del IESS, respecto al informe actuarial sobre el impacto de las reformas a la LOEI, determina que a diciembre de 2021 existen 18.665 afiliados pertenecientes al sistema nacional de educación que podrían cumplir condiciones de jubilación especial.

El costo actuarial para financiar la reducción de tiempos de aportes, con la consideración de que no exista una edad límite inferior y en el supuesto de que todos los docentes que cumplen condiciones de jubilación especial en el año 2021 opten por la misma, la reserva necesaria para financiar este beneficio alcanza un valor de $ 897′587.591,66.

El estudio actuarial consideró un horizonte de 40 años, por lo cual la reserva técnica acumulada desde el año 2022 al año 2060 que se requiere para poder cubrir la anticipación de jubilación a docentes es de $16.514′867.101,87.

Que la afectación al seguro de salud por la anticipación de la jubilación a los docentes, por concepto de cobertura médica de estos jubilados, ascendería a un valor proyectado de $ 23′051.275, para el primer año de aplicación de la Ley. Recalcando que hace más de 20 años el IESS no ha recibido el pago por los gastos incurridos en estos beneficiarios, deuda que a diciembre de 2021 con intereses a noviembre de 2021 es de $ 4.526′725.352,73, la cual se incrementa a $ 5.123′834.794,89.

A la fecha de corte de este estudio, la remuneración promedio ponderada de los docentes es de $ 899,46; la remuneración promedio ponderada de los docentes en condiciones de jubilación especial es de $ 1.045,12; la edad promedio ponderada de la población femenina es de 42,9 años, mientras que para la población masculina es de 43,9 años. 

Fuente: El Universo