Embargos en el caso Sobornos no alcanza a indemnizar al Estado

El departamento está ubicado en un conjunto residencial del norte de Quito. Datos del Registro de la Propiedad confirman que el inmueble tiene una superficie de 1 200 metros cuadrados. Según los registros de esa misma entidad, hasta ayer sus propietarios eran del exvicepresidente Jorge Glas y su esposa Cinthia Díaz.

Pero ahora el inmueble pasó a manos del Estado. Un fallo judicial, otorgado por un Tribunal de la Corte Nacional, resolvió el embargo de la propiedad como parte de la indemnización que tiene que pagar el exalto funcionario del correísmo por los actos de corrupción que cometió en el denominado caso Sobornos.

Lo mismo ocurrió con los bienes que estaban a nombre de otros siete sentenciados. En esa lista está el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; el exministro de Comunicaciones, Vinicio Alvarado, y la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte.

Cada uno de ellos tiene que completar una suma de USD 778 224 como indemnización. Pero los bienes embargados ayer posiblemente no lleguen a cubrir esos valores.

Así lo revela la página oficial de avalúos del Municipio de Quito. Por ejemplo, en el caso del exvicepresidente Glas sus bienes suman USD 179 335. Pero ese valor en su totalidad no pasará a manos del Estado. De hecho, el 50% de esos bienes le pertenecen a su esposa.

Es decir, a Glas se le atribuye apenas USD 89 667. Pero el fallo judicial advierte otro hecho. El departamento tiene una hipoteca abierta a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Para Alejandro Bermeo, especialista en derecho civil, esto significa que el departamento estaba con deuda y que se debe descontar esos montos también. “El embargo no significa que el Estado toma el bien, lo remata y toma el dinero. El embargo es un recurso para que la persona ya no pueda hacer uso ni administre el inmueble”, señala.

Lo mismo indica Merck Benavides. Él es abogado penalista litigante y explica que cuando un bien es embargado y existen terceros, en el remate se debe descontar todas las partes de los implicados y el Estado solo toma posesión de la parte del sentenciado.

De allí que los juristas indican que para que el dinero de la corrupción regrese a las arcas del Estado pudieran pasar meses y hasta años, pese al fallo del embargo.

Más casos

Una situación similar ocurre con los bienes que fueron embargados a Vinicio Alvarado. Según el fallo judicial, entre sus propiedades que pasaron a manos del Estado están una casa en Cumbayá y un terreno en El Quinche, ubicados en el oriente de Quito.

En las dos propiedades señaladas la esposa del exfuncionario figura como dueña del 50%. Además, también tienen gravámenes.

En el caso de Alexis Mera, el Estado le embargó tres terrenos en Salinas, Santa Elena. Cada uno con 1 000 metros de superficie.

Según los registros de propiedad, el exsecretario jurídico de la Presidencia en el gobierno de Rafael Correa, sería el propietario absoluto. Sin embargo, los predios también guardan gravámenes.

En el caso de la exministra Duarte, los jueces ordenaron que un vehículo Mazda del año 1995 pase a propiedad del Estado ecuatoriano.

Por todos estos elementos, especialistas en derecho señalan que no existen garantías de que los imputados puedan llegar a cubrir la indemnización al Estado que les fuera impuesta en los juicios.

El jurista Benavides añade que la Fiscalía debe investigar el círculo de los imputados para descartar que tengan testaferros y que se debe ampliar la búsqueda de bienes de los implicados.

En cuanto al exvicepresidente Jorge Glas, el caso Sobornos no es el único proceso judicial en el que debe pagar una reparación integral. Por los actos de corrupción en el caso Odebrechet también debe cubrir una reparación de USD 7 millones. Su tío Ricardo Rivera también debía cancelar la misma cantidad, pero falleció en enero pasado, tras salir de prisión.

Actualmente, Jorge Glas también permanece en libertad tras favorecerse de un habeas corpus. Un juez de la parroquia Manglaralto, en Santa Elena, le otorgó medidas sustitutivas. Entre ellas está una prohibición de salida del país.

Para conocer su ubicación, el exvicepresidente fijó su residencia en una vivienda ubicada en una urbanización privada de la vía a la Costa, en Guayaquil.

Hasta ahora, se desconoce si ese inmueble es de propiedad suya o de familiares y amigos.

Mientras eso se investiga, la Procuraduría General del Estado señaló que la institución ya ha ejecutado el embargo de todos los bienes del caso Sobornos.

Fuente: El Comercio