Precios, combustible y negocios: ¿por qué te debe interesar que se den acuerdos en las mesas de diálogo entre Gobierno e indígenas?

Las casi tres semanas que el país estuvo paralizado en junio pasado no han quedado atrás del todo. Los pedidos que abanderaron las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) siguen en pie y a la espera de soluciones por parte del Gobierno. Por eso, se instalaron mesas de diálogo que llevan casi dos meses y de las que depende que no haya un nuevo paro. Este 9 de septiembre se cierran las cinco primeras, de las que solo una ha llegado a acuerdos.

Severino Sharupi, quien es parte del equipo técnico de la Conaie, comenta que en esas mesas habían pasado mes y medio como divagando. “No había un entendimiento del Gobierno de que estamos en un momento especial; que es un diálogo que permitió culminar con el paro de 18 días. Ahora, cuando se puso el plazo de que el 9 deben cerrarse las mesas abiertas, hemos visto que han iniciado a tener cierta comprensión del caso, y es por eso que hay algunos puntos que de pronto están saliendo”, detalla.

Y es que los diálogos tienen como objetivo evitar un nuevo paro nacional. Lo ha dicho monseñor Alfredo Espinoza, arzobispo de Quito, cuando la Conferencia Episcopal Ecuatoriana esta semana hizo el llamado a las dos partes a que mantengan “su palabra” de continuar las conversaciones hasta completar los 90 días, e incluso de forma permanente.

No quieren que se repitan las protestas que dejaron bloqueadas varias provincias, pero cuyos efectos se sintieron en todo el país:

Precios altos y productos escasos

La cubeta de treinta huevos llegó a venderse hasta en $ 10, o simplemente no había en mercados o supermercados durante los días de paralización. Tras la paralización, los precios se fueron normalizando y la cubeta volvió a costar $ 3. En los mercados cada huevo se vende en 10 centavos.

El tomate está en 40 centavos; la cebolla colorada, en 35 centavos; los pimientos, entre 10 y 12 centavos. Estos productos también se encarecieron o escasearon por la paralización, tanto así que en junio se dio la segunda mayor inflación del año: 0,65 %.

En los meses siguientes, ya con las vías y abastecimientos restablecidos, el alza generalizada de precios ha sido cuatro veces menor (0,16 % de inflación en julio) y hasta veinte veces menor (0,03 % en agosto), de acuerdo a los indicadores presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

¿Quiénes pagarán menos por el combustible?

En una de las mesas de diálogo se debaten los subsidios a los combustibles. De ahí debe salir la definición de quiénes pagarán más o menos por la gasolina, por ejemplo.

Gary Espinosa, presidente de la Fenocin, que es una de las organizaciones que participan en el diálogo, adelantó ciertos parámetros que se han conversado para establecer una política de focalización para sectores productivos y sociales de bajos recursos, entre ellos aquellos que realizan actividades de transporte público, fluvial, mototaxis y otros que aún deben definirse.

La expectativa es que se dé una reducción de 30 centavos en el precio de la gasolina extra y de 25 centavos en el diésel.

Esa sería una nueva reducción, pues para terminar el paro el Gobierno redujo 15 centavos en el precio de esos combustibles, y así quedó congelado el galón de la extra en $ 2,40 y el de diésel en $ 1,75.

De concretarse la nueva rebaja, como fruto de los diálogos, el galón de gasolina extra quedaría en $ 2,10 y el de diésel en $ 1,50. Sería una política dirigida a cierto grupo poblacional, para lo que el Gobierno deberá adecuar las herramientas tecnológicas que permitan identificar a los beneficiarios.

Entre las propuestas estaría el implementar un código QR que pueda leer la información del vehículo del ciudadano en aspectos como cuántos galones subsidiados tiene como su cupo, cuántos ha consumido y, si se le terminaron, tendrá que pagar el precio real del galón de combustible, es decir, sin subsidio.

Efectos en los negocios

Los 18 días de paralizaciones a escala nacional, que terminaron el 30 de junio del 2022, causaron una severa afectación a la economía ecuatoriana.

Un balance preliminar presentado por el Ministerio de la Producción cuantificó que las pérdidas sumaban $ 1.000 millones, que equivalen a un promedio de $ 55 millones diarios y representan más que las de octubre de 2019.

• $ 775 millones corresponden a pérdidas del sector privado, que comprende a ventas locales y exportaciones; mientras que la afectación en el sector petrolero público y privado asciende a $ 225 millones.
• Las actividades más perjudicadas fueron la avícola, florícola, industria láctea, agricultura y ganadería, turismo, bananero, farmacéutica y fertilizantes.

Fuente: El Universo