‘Esta gente (de las bandas) quiere dar paso a la colocación de explosivos, eso es más grave, por eso es importante que todos nos unamos para combatirlas’, dice ministro del Interior

Con un incremento importante de muertes violentas en este año, que podría llevar a que Ecuador termine con 4.000 casos en 2022, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dice que trabajan para contener esa cifra y revertir la situación.

El funcionario admite que existe un umbral muy crítico en el indicador de inseguridad y que eso está ligado, entre uno de los factores, a una reorganización geopolítica del crimen organizado.

Carrillo incluso advierte que hay bandas que quieren entrar al escenario de uso de explosivos y que por ello es necesario que entes y ciudadanía se unan a los esfuerzos para combatir este mal.

Ecuador tiene un número récord de muertes violentas, que de seguir la tendencia pueden pasar este año a 4.000 y llegar al nivel de países centroamericanos. ¿Por qué no se ha logrado contener ese escenario?

Efectivamente, el Ecuador se encuentra ahora con el umbral muy crítico de indicador de inseguridad. Eso puede obedecer a muchas variables. Primero, reconocer que vivimos en la región más violenta y con presencia de mayores organizaciones criminales ligadas a mercados ilegales como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, minería ilegal, contrabando. Este es un factor que luego del COVID-19 se ha exacerbado también por la crisis económica. En segundo lugar, las dinámicas de violencia están ligadas a temas de salud mental de la población luego de los confinamientos y poca reactivación económica han crecido los suicidios, la intolerancia y la violencia social. Y también hay una reorganización geopolítica del crimen organizado desde la captura del Chapo Guzmán y la fragmentación de estas organizaciones. Ecuador tenía parte de los brazos armados de dos o tres carteles, pero esa fragmentación también ha producido acá una división. Acá tenemos 17, 18 organizaciones que se autodenominan con cualquier calificativo, pero que son brazos armados que cuidan territorialmente las rutas y negocios criminales.

Se asocia la mayor parte de las muertes violentas a actividades de organizaciones criminales. ¿Cuáles son las más fuertes y que están causando la mayor problemática?

Son focalizadas en diferentes territorios, rutas y diferentes mercados. Hay organizaciones que se han presentado extremadamente violentas como Los Choneros y sus desprendimientos como los Chone Killers; los Lagartos, que se han dividido en Lobos, en Tigerones, las autodenominadas Águilas; otras como Ben 7, Ben 10, que van creándose en barrios con inequidades. Si se hace un perfil de quiénes están perdiendo la vida, son jóvenes que nacieron entre 1995 y 2000, que en el 2005, 2015 debían ser escolarizados y que no tuvieron esa posibilidad y que ahora son parte de las organizaciones. El tema del consumo pasa por allí. En el 2020, Ecuador presentaba tasas de homicidios de un dígito, el año pasado se duplicó y este año, de continuar la tendencia, llegaríamos a tasas que sobrepasan la media de América Latina, eso es lo que queremos contener.

El Gobierno ha anunciado estrategias como en la Zona 8, donde los crímenes ya pasaron los 400 este año, pero la presencia policial no detiene las muertes violentas en zonas como el Guasmo. ¿La delincuencia está sobrepasando las estrategias del Gobierno para frenarlas?

No es un tema de estrategia, es un tema de agenda de seguridad. Lo primero es apuntar a una política de seguridad integral y luego desde la agenda, y desde la política de seguridad, porque esta es una razón del Estado, no es un problema de los ciudadanos que habitan en esas localidades o las ciudades, o instituciones, es un problema de Estado, y así lo estamos mirando con articulaciones entre todos los poderes para ser más efectivos y más severos en el sistema de justicia, con legitimidad, derechos y libertades, sí, pero también con confianza ciudadana y con legitimidad, fortaleciendo el trabajo de las instituciones de control, elevando el desempeño. En cuanto tiene que ver con Guayaquil, efectivamente desprendiéndose de eso se genera un plan, que está en corrección. El plan anterior tiene cuatro ejes sobre los cuales actuar, tiene más de 17 estrategias y más de 100 acciones. Una de esas acciones se emprendió en el sector de La Playita del Guasmo, donde desde que intervenimos no han existido incidentes. Han existido en el distrito sur, que es más amplio y eso sirve para ir evaluando y tomando las decisiones para el nuevo modelo de desconcentración operativo que la Policía debería plantear. Si vemos las cifras, el promedio de muertes venía creciendo. Hasta el día de hoy tenemos 78 muertes violentas registradas en la Zona 8, nos faltan 9 días, estamos evaluando, pero al parecer ya no está creciendo, al parecer se está conteniendo. Luego se harán las acciones para que una vez contenido, tratar de revertirlo.

En provincias del norte como Esmeraldas, la situación se está desbordando. Ya se intentó hacer acciones con la anterior ministra de Gobierno y parece que no funciona. ¿Habrá cambios? Allá se está pidiendo la emergencia.

Siempre se apelaba a los estados de excepción, creo que Ecuador tiene capacidades estratégicas a través de sus instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, Servicio de Inteligencia, la Fiscalía, que es un gran aliado para esta lucha. Necesitamos que se incorpore la administración de justicia, los GAD, actores sociales, la ciudadanía (…) El crimen organizado y la delincuencia se movilizan, es dinámica, tienen recursos para adquirir armas, comunicaciones, eso lo hace un combate asimétrico con las instituciones del Estado, que tienen que trabajar bajo límites, reglas, sin embargo, los controles dan frutos. Hoy, en Guayaquil se está desarticulando una organización asociada a los Chone Killers, 17 personas con boleta de captura, fueron personas dentro de un proceso. 17, de ellos varios líderes responsables de muertes violentas, esperamos que los jueces cumplan. Ayer (miércoles), parte de estas organizaciones intentaron intimidar en el sistema de justicia poniendo artefactos explosivos en los parqueaderos, cuatro fueron capturados en flagrancia. Nos dice una proyección criminógena. Esta gente quiere dar paso a la colocación de explosivos, eso es más grave, por eso es importante que todos nos unamos ahora para combatir este flagelo.

¿La colocación de los explosivos estuvo ligada a las audiencias donde alias Júnior (uno de los líderes de Los Choneros) presentó habeas corpus?

Dejemos que la administración de justicia lo determine, nosotros presentamos los indicios asociativos, lo que justifica, la evidencia para que sea la Fiscalía y la administración de justicia lo determine. Lo que sí sabemos es que está conectado con los 17 detenidos que están ahora y con todo lo que estamos mirando en el sistema penitenciario.

A alias Júnior le concedieron habeas corpus. ¿Cree que se marca un mal precedente, un golpe para el trabajo policial y de Fiscalía?

Lo que creo es lo que cree el ciudadano común. En términos generales, la administración de justicia es muy severa con el delincuente tradicional, de poca monta, pero tiene menos severidad cuando le corresponde actuar con delincuentes de cuello blanco, cuando les corresponde actuar con cabecillas de organizaciones. Estas garantías están sirviendo para que este tipo de personas hagan uso de manera deslegítima, aunque pueda estar revestido de algo de legalidad, con estos habeas corpus, pero eso es parte de lo que nos corresponde corregir y desde el Gobierno presentar las acciones de reformas que correspondan para que esto no vuelva a suceder.

¿Estos casos se deben a artificios legales que se encuentran o se debe a corrupción dentro del sistema judicial?

El Gobierno dice que busca controlar la situación en las cárceles. ¿Por qué bandas criminales graban videos con pronunciamientos desde las cárceles sin ningún control?

Mire, la interpretación que sea desde un centro carcelario es una cosa que a veces este tema de los facenews, de la polarización que vive el país, busca confundir también, no todo es exacto. Sin embargo, toda información entra en proceso de investigación, los analistas de inteligencia lo procesan y de existir algo de realidad se tomarán los correctivos o puede pasar que sean hechos anteriores o que se permitan por ausencia de control en los centros penitenciarios. Allí no existía una estructura de agentes suficientes y es desproporcional. Estamos haciendo el llamamiento de 1.000 agentes penitenciarios, esperamos a mediados de mayo incorporarlos en una formación.

¿Cómo será la estructuración del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores que analiza el Gobierno?

El SNAI es una secretaría adscrita a la Presidencia de la República. Estamos buscando un mecanismo para darle un paraguas legal en el Ministerio del Interior. Estamos explorando la posibilidad de que la Secretaría Técnica que emite la política pública de rehabilitación social incorpore al Ministerio del Interior y desde allí comenzar a definir la política, que no sea de privación, sino de reinserción social.

¿Se tienen indicios de los responsables del asesinato de Miguel Ángel Nazareno, promotor de la plataforma Big Money?

Se tiene adelantada mucha investigación, eso ya está en reserva en la fiscalía, pero ya se han determinado medios, motivación, pero no se ha identificado a personas, la investigación continúa.

¿Cuál es la motivación?

Recuperar los capitales de mucha gente, hay grandes cantidades que cada vez se van descubriendo mayores, hay un sinnúmero de personas y todos potencialmente tenían motivos para querer eliminar a alias Don Naza.

¿Hay militares o civiles involucrados?

Podría ser cualquier persona que mantenía, puede involucrar a uniformados, pero estoy seguro de que no involucra a instituciones, las instituciones no participan en estos temas.

Ayer trascendió que el ECU911 recibió una alerta del aparente secuestro de ‘Don Naza’ antes de que sea hallado muerto. ¿Ustedes sabían?

Muchas cosas están adelantadas, pero insisto, este tema es reservado.

‘El juez valorará los pedidos en el caso Glas’

En el caso del exvicepresidente Jorge Glas, ¿la Policía o Gobierno mantiene vigilancia de lo que hace?

La Policía es un servicio público que está autorizado, lo que la ley permite, ordena y evitar lo que la ley prohíbe. Si la orden del juez no está en el sentido de custodiar, porque la Policía no custodia reos, custodia el sistema penitenciario, si la Policía no tiene la disposición no lo hará, sino dentro de los principios de legalidad y dentro de los mecanismos que le permite la ley. Lo que estamos solicitando y se ha solicitado a tiempo es la apelación necesaria y en la apelación están constando varias cosas como el cambio de medidas alternativas y sustitutivas que recibió el privado de libertad Glas Espinel. Estamos pidiendo vigilancia electrónica, la posibilidad de que tenga un arresto domiciliario. El juez valorará los pedidos.

Es decir, la Policía no está custodiando ni vigilando al exvicepresidente.

La Policía tiene estructura de vigilancia en la ciudad, que es lo que permite en un determinado momento ver la movilización de un vehículo en el que podría estar, tiene vigilancia sobre el cuadrante donde él informó que va a residir, tiene mecanismos en los puertos y aeropuertos para evitar salidas, son los mecanismos que nos autoriza y permite la ley.

¿Usted conoce los tipos de atenciones médicas que recibían Glas y Carlos Pareja Yannuzzelli?

No, yo no conozco, esos detalles son propios del sistema nacional de atención al adulto mayor, pero lo que estamos viendo es un patrón de comportamiento, de acumular una carpeta con los supuestos trastornos médicos, psicológicos y luego todo este mecanismo sirve para solicitar el habeas corpus.

¿Van a sancionar a la gente del SNAI que estuvo en la audiencia y no dijo nada, según criterio de juristas?

Mire, ese es un tema administrativo del SNAI. Nosotros hemos dado las disposiciones para que se actúe con transparencia y esperaremos los informes que se presenten desde esa dirección, determinando o no esas responsabilidades. 

Fuente: El Universo