Estas son las 10 demandas que la Conaie le hace al gobierno de Guillermo Lasso

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) iniciará un paro indefinido este lunes, 13 de junio, a nivel nacional para exigir al gobierno del presidente Guillermo Lasso el cumplimento de una agenda de diez demandas que consideran urgentes para el país:

Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a $ 1,50 y la gasolina extra y ecopaís a $ 2,10. Derogar los decretos 1158, 1183, 1054 y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros.
Alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). No al embargo de los bienes como casas con terrenos y vehículos por falta de pago.
Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papás, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores. Para que millones de campesinos pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo.
Empleo y derechos laborales. Políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los decretos 95 y 151.
Respeto a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos: Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), carreteras, salud, entre otras.
Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud de la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantienen en zozobra al Ecuador.

La Conaie ha dicho que el objetivo de estas movilizaciones es propiciar un levantamiento indígena similar al de 1990, que se iniciará en los territorios y se ejecutará con medidas como el cierre de carreteras, concentraciones en las gobernaciones o manifestaciones en las calles.

Está previsto que se unan más de una docena de movimientos sociales, como el sector productor bananero de la provincia de El Oro, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine), Coordinadora Nacional Campesina (CNC), Frente Nacional Antiminero, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc), Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), entre otras.

El Gobierno nacional ratificó su apertura al diálogo, a la vez que pidió expresar sus opiniones de manera pacífica, para evitar una situación similar a la que vivió el país en octubre de 2019. Esta misma preocupación la expresó el Municipio de Quito que anunció que alista un despliegue de elementos de las fuerzas de seguridad para proteger a la ciudad.

Por su parte, la Conaie emitió un pronunciamiento en el que arremetió contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, por sus declaraciones, que consideran son “un anuncio de la represión que se alista contra la población civil durante la jornada de protestas”.

Carrillo criticó las movilizaciones y dijo que son una estrategia de victimización de los sectores populares contra el Gobierno nacional.

Fuente: El Universo