Con una acción de protección, cinco ingenios azucareros buscan dejar sin efecto el incremento del precio de la tonelada de caña

Los entredichos entre el sector cañicultor y el de la agroindustria generados por el nuevo precio mínimo de sustentación de la tonelada de la caña de azúcar, que desde el 26 de junio pasado subió de $ 31,70 a $ 35,05, a través de un Acuerdo Ministerial, al parecer estarían lejos de solucionarse.

Más ahora con la presentación, por parte de cinco ingenios azucareros, de una acción de protección en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que busca que se apliquen medidas cautelares para dejar sin efecto el incremento, que según la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (Fenazúcar) le representaría un egreso adicional de más de $ 12 millones al año a estos cinco ingenios.

El recurso judicial fue presentado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas, donde este jueves 18 de agosto se desarrollará una audiencia pública para resolver el pedido de los representantes de los ingenios Valdez, San Carlos, Monterrey Azucarera Lojana, Agroazucar y Del Norte.

Alberto López, presidente de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Cantón Milagro (APCAM), quien informó de esta diligencia judicial, aseguró que desde la entrada en vigor del nuevo precio de la caña los ingenios no han respetado ese valor e incluso no han cancelado el dinero por la caña que los productores entregaron en julio pasado.

“La industria no solo está incumpliendo el Acuerdo Ministerial, sino que también irrespeta las leyes y las normativas vigentes en el país, más allá del precio oficial también están demorando, los compañeros que ya se les cortó la caña, en las liquidaciones, en los formularios de pago, en las formas de pago, en los tiempos, en las cantidades; entonces, eso es un total incumplimiento por parte de la industria que tiene al sector cañicultor en la miseria”, criticó López.

Las denuncias de López son conocidas por el titular del MAG, Bernardo Manzano, quien el 2 de agosto pasado solicitó al Ministerio de Gobierno el inicio de operativos de control para la industria azucarera. En esa ocasión, además de APCAM, las denuncias fueron expuestas por la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador (UNCE) a través de su presidenta, Bella Vargas.

Sobre el argumento de la agroindustria, que indica que no tiene capacidad para pagar el incremento del precio por tonelada métrica, López aseguró que además de la conversión de 2,2 sacos por tonelada, los ingenios sacan réditos de los subproductos derivados de la caña como la melaza, el bagazo y la miel, que según el dirigente tiene buenos precios en el mercado; además de la producción del etanol que se utiliza para la mezcla de la gasolina ecopaís.

“Este año se han incrementado los porcentajes de mezcla de etanol con las naftas que se importan para la elaboración de las gasolinas ecopaís y la nueva gasolina que demanda mucha más cantidad de etanol y que se paga un muy buen precio en el mercado”, indica el presidente de APCAM.

Diario EL UNIVERSO buscó la versión de Fenazucar, a través de su presidenta Laura Zurita, acerca del recurso presentado por los ingenios, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

El Ministerio de Agricultura defenderá acuerdo alcanzado en mesa de diálogo

También se consultó al ministro Manzano acerca de la acción de protección presentada por los ingenios. Desde el Ministerio de Agricultura respondieron:

“El MAG defenderá lo actuado, ante las autoridades judiciales, y confía en que la resolución proteja los intereses de los sectores más vulnerables de la cadena de producción del azúcar. En ese sentido, ratificamos la posición de llamar a los industriales del azúcar a cumplir lo decidido en los espacios de diálogo”.

Esto, en referencia a la mesa en la que participaron productores de caña e industriales y en la que el MAG dispuso el incremento del precio a $ 35,05 por tonelada de caña.

“Es importante decir que los actores que participaron en este acuerdo contemplaron que el precio no había sufrido un incremento en los últimos siete años. Otra precisión pertinente apunta dejar claro que el incremento no supera el 10 % del precio anterior. Este porcentaje es inferior a los valores de inflación acumulada, que se registraron en el mismo periodo”, explicó la cartera de Estado a este Diario, a la vez de agregar que les llama la atención que en los acuerdos ministeriales emitidos desde 2013, sobre la misma temática, los peticionarios de la acción de protección guardaron silencio.

Fuente: El Universo