Gobierno ‘inmoviliza’ a Raúl González como superintendente de Bancos cerrando su acceso a las cuentas del Estado

El Gobierno nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) optaron por una estrategia para enfrentar el aprieto originado con la calificación de una terna que dio paso a que Raúl González Carrión se posesione como titular de la Superintendencia de Bancos: lo inmovilizaron administrativamente.

Luego que el 11 de agosto la Asamblea Nacional resolvió posesionarlo en el cargo, pese a estar en vigencia una medida cautelar de la jueza del Guayas Larissa Ibarra que lo impide, la Presidencia de la República y el CPCCS recurrieron a esta acción que tuvo un efecto inmediato.

Este 15 de agosto, González pretendía iniciar sus actividades, pero las puertas de la Superintendencia en Quito y la regional en Guayaquil amanecieron custodiadas por barreras metálicas y decenas de efectivos de la Policía Nacional.

En Quito, por ejemplo, en una de las puertas se permitía ingresar solo a los servidores que portaban su carné de identificación. A las 09:30 se cerró la atención y se suspendieron los trámites presenciales para atender a la ciudadanía, por lo que nadie podía entrar o salir del edificio, ubicado en el centro norte de la capital.

Un policía puso un comunicado impreso en una hoja de papel bond en la que se informaba a las personas que los servicios serán virtuales.

Con ello, González no pudo iniciar lo que aspiraba sería su primer día de trabajo. Se informó que estuvo preocupado porque –coincidencia o no– su vuelo a Quito, previsto en las primeras horas de la mañana, se suspendió.

Luego, cuando había intentado ingresar al sistema digital gubernamental del Estado, se le había suspendido su cuenta de correo institucional y la más importante, el Quipux, por lo que no podía emitir ninguna disposición. Entre ellas, nombrar su equipo de trabajo, desvincular o solicitar la contratación de funcionarios, emitir resoluciones, solicitar información al personal, entre otras atribuciones.

Desde Guayaquil, de donde González es oriundo, se adaptó una mesa en la vereda de la Superintendencia y acompañado por sus abogados defendió su designación y reprochó que hasta el jueves pudo usar el Quipux y a la madrugada de este lunes le bloquearon.

Desencajado y nervioso, tuvo problemas hasta para pronunciar la palabra “obstaculización” y dijo varias palabras, hasta que su abogado Rober Friend lo ayudó y contó que se enteró por un comunicado del CPCCS que Guadalupe Cabezas habría asumido como superintendenta subrogante.

Esta idea de inmovilizarlo surgió desde Carondelet, que acogiendo la sentencia de la jueza Ibarra que anuló la designación de González por una mayoría de cuatro consejeros del CPCCS, del 20 de julio, puso en práctica sus “facultades constitucionales”.

“La Función Ejecutiva no reconoce ni puede reconocer a Raúl González como superintendente de Bancos y, por lo tanto, las distintas dependencias públicas, incluyendo el Ministerio de Finanzas, del Trabajo, Banco Central y la Junta Monetaria y Financiera, no lo aceptarán como tal”.

Se lo instó a no “intentar llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones”.

En concordancia con ello, el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, comunicó a trece instituciones y funciones del Estado que González “no ha sido designado como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”.

En un oficio fechado el 14 de agosto, aseguró que no “existe una resolución válida ejercida por el Consejo de Participación Ciudadana” y el sustento de ello es la sentencia de la magistrada Ibarra que anuló el proceso de elección, con base en una acción de protección planteada por Mishelle Guerra de Andrés, porque se le habían violentado sus derechos de participación.

La advertencia que hizo Ulloa a los legisladores que dieron paso a la posesión de González es que podrían ser destituidos y enjuiciados penal y civilmente por incumplir una medida de acción constitucional y no acatar una disposición de autoridad competente.

Ahondó en que el Parlamento se estaría arrogando la función del Consejo de designar autoridades y habría interferido en sus funciones por posesionar a una autoridad en un proceso que se proclamó nulo.

“Así, se supone que la Asamblea Nacional nombró a esta autoridad y no el Consejo. No puedo permitir que haya una injerencia de otra función. La posesión no debió darse”, aseveró Ulloa, quien cree que la actuación de los parlamentarios solo “agrava” la crisis institucional, porque se hizo con base en una “resolución declarada nula”, recalcó en una declaración pública.

El vocal se refiere a la resolución del 20 de julio, en la que se eligió a Raúl González con los votos afirmativos de David Rosero, Javier Dávalos, Francisco Bravo y Sofía Almeida.

La jueza Ibarra además de declarar nulo lo actuado por estos cuatro consejeros ordenó que se inicie un nuevo proceso, para lo que el presidente Guillermo Lasso envió una terna integrada por Roberto José Romero von Buchwald, Rosa María Herrera Delgado y Felipe Andrés Cabezas-Klaere.

La vicepresidenta del CPCCS, María Fernanda Rivadeneira, indicó que dicha terna está en análisis de un equipo técnico del organismo para determinar el cumplimiento de requisitos e inhabilidades de los concursantes.

Dicho equipo observó que Romero, Herrera y Cabezas cumplirían los requisitos exigidos, por lo que resta que sea conocida por el pleno del Consejo para determinar si se acogen o no sus conclusiones.

Rivadeneira explicó que la decisión de haber elegido a González fue revocada y en esa línea seguirán adelante con una nueva designación.

Cree que “hubo un error” en que el equipo técnico que revisó la terna no haya investigado o verificado la documentación de Gonzalez, quien aparentemente incurría en una inhabilidad por conflicto de intereses con el Estado.

Los consejeros de minoría Rosero, Almeida y Dávalos suscribieron un comunicado en el que aseguran que “de manera oficial no existe ningún otro proceso para designar un superintendente de Bancos”.

“El pleno del CPCCS no ha resuelto iniciar ningún otro proceso, la posición de Hernán Ulloa es unilateral”, se menciona.

Se regaña al régimen de que hay “desconocimiento de la Constitución” y pidieron correcciones para evitar “agudizar la crisis institucional”.

Hernán Ulloa aclaró que aunque haya planteado un recurso de apelación a la sentencia de la jueza Ibarra ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ello no suspende los efectos de la nulidad de la designación de González. 

Fuente: El Universo