El 68,1 % de las mujeres en Latinoamérica tiene acceso a una cuenta bancaria, según cifras del Global Findex en 2021. En Ecuador, este porcentaje es un 10 % menor: el 57,9 % de la población femenina utiliza este servicio financiero.
Hace cinco años, en 2017, esta brecha era mayor: el 33,2 % de las ecuatorianas accedió a una cuenta. Con estas estadísticas se evidencia “una mayor concentración en índices de colocación y captación en el género masculino, lo cual se constituyó en alertas de desigualdad de género”, refiere Rosa Guerrero Murgueytio, especialista internacional en inclusión financiera.
“Queda tarea por delante para conseguir que los beneficios de los procesos de inclusión financiera lleguen tanto a los hombres como a las mujeres”, asegura Guerrero, vicepresidenta de Filac, quien considera que la banca debe fortalecer algunos servicios para ampliar la cobertura financiera para las mujeres, como medios de pagos digitales con tarjetas de débito y acceso a créditos, que —asegura— se ven afectados por falta de garantías, historial crediticio e imposibilidad para comprobar sus ingresos. Estos factores se profundizan, según la especialista, “porque se asocian al bajo nivel de educación, la débil capacidad para administrar actividades productivas o para generar redes de apoyo”.
Ante esta problemática, la Superintendencia de Bancos elaboró una nueva norma de “Control de protección a los derechos de los consumidores financieros con enfoque de género”, con la participación de organismos locales, como Asobanca, e internacionales, como el Banco Mundial.
Esta normativa busca “mejorar las (prácticas) existentes y fomentar iniciativas que permitan visibilizar y monitorear la brecha de género en el acceso y uso de productos y servicios financieros”, explica Guerrero, exdirectora del BID por Chile, Ecuador y Colombia. Ella añade que este reglamento incluye la generación de nuevos productos y programas de educación financiera para los trabajadores de las instituciones bancarias, clientes actuales y con los posibles nuevos clientes.
Y aunque desde hace una década existe la norma de educar financieramente a la población, a fines de 2021 el país —según Guerrero— recibió la asistencia técnica de la CAF para un nuevo proceso de capacitación financiera para fortalecer la protección del consumidor. Así, serán “más ajustadas a las características personales y familiares de la población, beneficiando a niños, jóvenes y adultos”, añade la especialista.
Según cifras del Global Findex del 2021, el 39 % de los ecuatorianos tiene una tarjeta de débito, producto que cinco años antes —en 2017— lo tenía apenas el 20,1 % de la población.
Ante ello, Guerrero, exsuperintendente de Bancos (s), recomienda que se debe promover la inclusión financiera con el Fondo Concursable de Inclusión Financiera, que por ley las entidades financieras deben destinar para llegar con los diferentes servicios a sectores sin acceso a estos productos.
Fuente: El Universo