151 instituciones educativas de régimen Costa-Galápagos tendrán plan de contingencia; Gobierno invertirá unos $ 20 millones en medio de cuestionamientos de la UNE

Agua de color café estancada, hierba crecida, inodoros sucios y el acceso cubierto de tierra, agua, adoquines. Son escenas que se ven en fotos que posteó la Unión Nacional de Educadores (UNE) para representar lo que acontece en algunas instituciones antes del inicio de clases para el régimen Costa-Galápagos.

“Son varias instituciones educativas, en todas las provincias de la costa con infraestructura en mal estado, próximas al retorno presencial”, escribió esa organización en su cuenta de Twitter.

Según el Ministerio de Educación, a nivel nacional hay 16.095 entidades educativas y en la Costa-Galápagos, 9.426.

La ministra de Educación, María Brown, mencionó que hay 151 instituciones educativas en ese régimen que requieren de una intervención más extendida y tendrán un plan de contingencia, es decir, no se recibirá el 100 % del alumnado de manera presencial, sino en modalidades híbridas o que habrá reubicación a otros espacios, mientras se realizan los trabajos.

Sostuvo que, poco a poco, las obras se van entregando y puso como ejemplo el colegio Otto Arosemena que, explicó, tendrá una intervención de 120 días y continuará durante los primeros días de clases.

Hay 302 instituciones educativas, en las que hay unos 161.000 estudiantes, que estarían casi listas para el inicio de clases, expresó.

“Muchos de estos mantenimientos parciales o intervenciones parciales o intervenciones integrales tienen que ver precisamente con los servicios básicos, en particular, los temas de agua, saneamiento e higiene”, dijo en radio Democracia.

Para Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, hay unas 500 instituciones educativas urbanas y rurales en la provincia del Guayas con problemas en la infraestructura que no podrían recibir a docentes ni estudiantes.

En Guayaquil, estudiantes de 107 planteles fiscales, de los 526 públicos del Puerto Principal, no volverán a las aulas por intervenciones que se realizan en las infraestructuras de esos establecimientos, según anunció el Ministerio de Educación, pero para el dirigente son el doble.

Adujo que el Gobierno no contabiliza establecimientos de sectores marginales o rurales como Posorja, Pascuales, Progreso, Tenguel o la isla Puná.

Beltrán aseguró que los padres de familia y los maestros han financiado de sus bolsillos la reparación de bancas o pintar aulas, pero no se ha podido cubrir la totalidad de la infraestructura, principalmente los servicios higiénicos.

Alrededor de $ 20 millones ha anunciado que destinará el Gobierno para adecuar instituciones educativas en ese régimen, cuyas actividades académicas se iniciarán, de forma escalonada, por niveles educativos en el sistema fiscal, el próximo 6 de mayo de 2022.

Hay inquietud en el gremio docente por posibles contagios de COVID-19, pues Beltrán sostuvo que no se habla de los implementos de bioseguridad.

“Podríamos darles clases a 15 alumnos por aula y no a los 30, pero vamos a tener a los 30″, refirió con respecto a los aforos, que deben ser del 100 %.

“(Son) las condiciones tanto físicas, humanas y médicas, no están en las mejores condiciones para lograr estas clases presenciales, sin embargo, igual los maestros vamos a ir a trabajar”, añadió.

La titular de Educación puntualizó que se mantienen las medidas de bioseguridad vigentes, que incluyen uso de mascarilla en todos los espacios educativos o algunos maestros usarán visores para que los estudiantes puedan ver su cara y expresión principalmente con aquellos más pequeños. Además de lavado permanente de manos y 100 % de aforo.

En marzo, según la cartera de Educación, hubo 30 nuevos casos de coronavirus en docentes, pero hubo semanas en las que se superaron los 1.000. En Ecuador hay unos 160.000 docentes. En estudiantes hubo 390 casos.

Brown mencionó que a nivel nacional se ha hecho un trabajo de diagnóstico del estado de la infraestructura educativa y la conclusión es que está “sumamente deteriorada” debido a que no hubo inversión, por al menos dos años.

Señaló que se han intervenido más de 4.000 instituciones, ya sea a través de mingas o con mantenimiento correctivo preventivo.

El presupuesto en todo el país para 2022 es $ 140 millones en infraestructura, en mantenimiento integral, finalización de obras inconclusas, explicó Brown en EcuadorTV. 

Fuente: El Universo