Procesan a 16 personas por presuntas irregularidades en contratos con hospitales del MSP y el IESS

Presentaciones periódicas dos veces por semana y prohibición de salida del país deberían cumplir 16 personas implicadas por su presunta participación en el delito de enriquecimiento privado no justificado.

El caso se abrió tras denuncias de aparentes irregularidades en la adjudicación de contratos en varios hospitales de la red de salud pública del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud (MSP) en Milagro, Durán y Babahoyo.

La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía formuló cargos contra Gino P. y Judith R. en calidad de autores y otros catorce personas como coautores.

Según la Fiscalía, durante la investigación previa se determinó que los supuestos involucrados accedieron a procesos de contratación en los que presentaban sus ofertas, especialmente para la adquisición de insumos médicos, y que –por la inclusión de proformas que hacían que una de ellas sea aparentemente más conveniente– eran adjudicados a varios de los coautores.

Tras eso la mayor parte del dinero era retirado y entregado a los autores del presunto delito.

Durante las investigaciones se determinó que los coautores tenían un RUC adecuado para realizar las ofertas, pero sus actividades laborales eran distintas. Según la Fiscalía, cuando se ejecutó el allanamiento a uno de los presuntos proveedores se corroboró que en el lugar funcionaba una ferretería.

Los 16 procesados registraban un incremento patrimonial de un total de $ 8′000.000. Según la Fiscalía, los implicados no pudieron justificar y se presume que habría obtenido en la adjudicación de contratos en varios hospitales de la red de salud pública del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud (MSP) en Milagro, Durán y Babahoyo.

Para este proceso, la Fiscalía cuenta con los informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, la información extraída de los teléfonos celulares de los involucrados, que evidenciaría la presunta comisión del delito.

También constan los informes tanto financiero como de contratación pública, información del Servicio de Compras Públicas (Sercop), en la que se daba a conocer los contratos adjudicados y la documentación obtenida de allanamientos ejecutados en varias casas de salud e inmuebles particulares.

Según la Fiscalía, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción investiga la presunta comisión de otros delitos, en los que estarían involucrados funcionarios públicos.

Fuente: El Universo