Caso Sobornos: 89% de bienes retenidos tienen gravámenes

La lista de bienes embargados por el caso Sobornos es larga. Son 28 propiedades, entre casas, departamentos, terrenos, bodegas, restaurantes, boutiques y vehículos, entre otros.

Todos estos bienes, de propiedad de altos funcionarios y otros allegados del gobierno de Rafael Correa, pasaron a manos del Estado hace cinco días. Esto ocurrió debido a un fallo judicial de un Tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Ese ente ordenó a la Procuraduría y a la Policía que ejecuten los embargos de forma inmediata, para resarcir el perjuicio que cometieron los implicados por actos de corrupción millonarios.

Pero también ordenó que se notifique a terceros que tengan partes porcentuales de los bienes para que “puedan hacer valer sus derechos”. Es decir, para que reclamen las inversiones que tengan en las propiedades.

Pero, ¿por qué ocurre esto? Los jueces en su resolución indicaron que “muchos de los bienes tienen gravámenes”.

Las propiedades

Este Diario tuvo acceso a la lista de propiedades y constató que el 89 % de los embargos tienen restricciones para su venta por hipotecas, juicios coactivos, restricciones judiciales y derechos conyugales.

De allí que el Estado deberá rematar los inmuebles y repartir el dinero con bancos, tarjetas de crédito, municipios, el Instituto de Seguridad Social (IESS) y las esposas o socios de los sentenciados.

Por ejemplo, en la lista de bienes embargados figura un departamento del exvicepresidente Jorge Glas. Ese bien no puede ser vendido porque mantiene una hipoteca con el IESS. Además, el 50% de la deuda y de la casa le pertenece a la esposa del exfuncionario.

El Estado ahora mismo es dueño solo de la parte que le correspondía a Glas. El monto aún no se conoce con exactitud, pero no llega a cubrir los USD 778 000 que le corresponde pagar al exfuncionario, sentenciado por cohecho. Esto debido a que ese departamento está evaluado por USD 90 000.

Otro sentenciado en este caso es el exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera. A su nombre estaban tres terrenos en Salinas (Santa Elena), cada uno de 1 000 m2. Según el fallo judicial, los tres tienen gravámenes por procesos legales pendientes.

Bolívar Sánchez, otro condenado, poseía tres oficinas, una bodega y un estacionamiento en Quito. Los reportes judiciales también señalaron que tiene impedimentos de venta por causas penales.

Pero en otros casos como el del exministro de Comunicación, Vinicio Alvarado, los bienes que le fueron embargados estaban registrados como sociedades.

Por eso, de una casa en Cumbayá mantenía el 50% de las acciones. El resto estaba a nombre de otro ciudadano, que tendrá que litigar para reclamar su parte en el remate del inmueble.

De igual forma sucederá con otra persona por un terreno que Alvarado tenía en El Quinche, en las afueras de Quito. En esa propiedad también el exministro mantenía solo el 50% de acciones.

Lo que sí se le embargó a Alvarado y que pasó directamente a manos del Estado, fue un vehículo del 2010 marca Toyota. Según un avalúo comercial, ese automotor tiene un costo de USD 16 500.

A ese monto se sumará lo que reste de las dos propiedades, para saber si cubre los USD 778 000 a pagar como reparación integral.

Otros casos

La exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, también está entre los sentenciados. A ella, la Procuraduría solo ha podido embargarle un carro de 1995. Su valor comercial no supera los USD 7 000. Una suma baja para cubrir su parte del perjuicio al Estado, que está en USD 14,7 millones.

Mientras esto ocurre, la exministra se mantiene en la Embajada de Argentina como refugiada.

Uno de los personajes que develó la corrupción de los exfuncionarios correístas fue Laura Terán, asistente de la asesora de Correa, Pamela Martínez. Ella fue sentenciada en este proceso como cómplice y se le ordenó reparar al Estado con una suma de USD 368 000.

Para cubrir con ese monto, los jueces resolvieron el embargo de un terreno en Quito. Ese inmueble tiene gravámenes y restricciones para su venta. Una de estas es que Terán apenas es dueña del 2,14% del bien. Y ese porcentaje tiene que dividirse con su esposo. Es decir, el Estado se convirtió en el propietario del 1,7%.

Por todos estos hechos, dos juristas civiles y penales consultados por este Diario señalan que la reparación integral al Estado es compleja. El monto real que será resarcido por los actos de corrupción se conocerá cuando terminen los procesos de remate.

Fuente: El Comercio