Corte Nacional inicia el trámite de extradición contra Rafael Correa como parte de la sentencia en firme del caso Sobornos

Según el presidente de la Corte Nacional, el convenio de extradición que existe entre Ecuador y Bélgica —data de 1887—, el convenio internacional anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas y la vigente ley de extradición, además de la obvia existencia de un fallo en firme y una orden de privación de la libertad, serían el sustento que permite solicitar la extradición.

“No es el criterio de quien habla; la Sala Penal de la CNJ, a través de diez jueces, ratificó esta condena. Ahí están muchos jueces que adoptaron esta decisión, y que hoy en derecho pedimos la extradición. (…) Aquí no hay juicios de valor, no son opiniones o criterios políticos; mi pronunciamiento es en derecho y es mi deber”, señaló Saquicela.

Desde lo procesal, la presidencia de la Corte Nacional remitirá inmediatamente a la Cancillería el pedido, aparejando la extensa sentencia y todos los documentos de respaldo que finalmente sirvan de sustento para que las autoridades de Bélgica tomen la decisión. Pero Saquicela adelantó que el proceso es complejo, que ellos están cumpliendo su parte, pero dependerá inicialmente de la Cancillería ecuatoriana y sus gestiones diplomáticas, y luego todo quedará en manos de Bélgica.

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Este sinvergüenza no se cansa de hacer el ridículo.
Recuerden que él fue uno de los jueces del “influjo psíquico”, que me impidió ser candidato e hizo a Lasso presidente.
Por eso le regalaron la Presidencia de la Corte.#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/CwxHeAczhy

— Rafael Correa (@MashiRafael) April 22, 2022

“La extradición significa que yo, como autoridad central, presidente de la CNJ, solicito que se le traiga, es decir, que se le traslade a Rafael Correa desde Bélgica al Ecuador para que cumpla la condena de privación de la libertad”, anotó el presidente de la Corte Nacional.

Correa para responder al anuncio de extradición utilizó la red social Twitter en la que dijo, entre otras cosas, “Otro papelón, lamentablemente no solo de este (dibujo de payaso) sino de todo el sistema judicial y del Gobierno del cual es títere. ¿Quieren apostar?”; “Si les contaron que es la tercera o cuarta vez que lo hacen, y en todas han quedado en ridículo?”.

Desde septiembre de 2020, luego de que se negó en la Corte Nacional el recurso de casación planteado por los acusados del delito de cohecho, la condena contra Rafael Correa y los 19 restantes sentenciados en el caso Sobornos quedó en firme. En el caso del exmandatario, quedaron en firme los ocho años de pena de cárcel al ser uno de los dos autores mediatos por instigación, el pago de una reparación integral al Estado de $ 778.000, el pedido de disculpas públicas, la colocación de una placa, el retiro de sus derechos políticos…

El Tribunal de Juzgamiento, transformado en Tribunal de Ejecución, presidido por el juez Walter Macías, mantiene activa la fase de ejecución de la sentencia.

Dentro de ella ha ordenado el embargo de bienes a nombre del exmandatario, su exvicepresidente Jorge Glas, su exsecretario jurídico Alexis Mera y de otros exministros de su Gobierno acusados de ser parte de una “red de corrupción” que operó desde la Presidencia de la República con el fin de financiar las actividades del movimiento político Alianza País, mediante el cobro de cuotas ilegales a contratistas a quienes a cambio se les entregaban obras públicas del Estado.

Pese a que se ha pedido en diversas ocasiones una orden de difusión roja de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para Rafael Correa, como parte del caso Sobornos y por el delito de plagio en el caso Balda, sobre el exmandatario de momento no existe ninguna boleta de difusión activada.

Desde mediados del 2017, luego de dejar el poder en Ecuador, Correa se instaló en Bélgica, país del que es oriunda su esposa y del que tienen la nacionalidad sus hijos. El ex primer mandatario ha asegurado en diversos foros que un país como el Reino de Bélgica “jamás” permitirá una extradición porque saben que es un caso político.

Carlos Alvear, uno de los abogados del expresidente Correa, señaló que no conoce del tema y no podría pronunciarse hasta que no se concrete y sea notificada cualquier situación jurídica. 

Fuente: El Universo