Consejo Electoral sostuvo conformación de las juntas electorales pese a críticas ciudadanas

La inscripción de las candidaturas para las dignidades de alcaldes, concejales, prefectos y miembros de juntas parroquiales, que se elegirán en los comicios seccionales de febrero del 2023, entrarán al escrutinio de 120 personas que fueron escogidas por los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) para integrar las denominadas juntas provinciales electorales.

Estos organismos están compuestos por cinco vocales, quienes serán los ‘ojos y oídos’ de los cinco consejeros nacionales en el proceso electoral, pues sus carpetas fueron propuestas por ellos y aprobadas por consenso.

El Código de la Democracia establece en el artículo 36 la conformación de estos cuerpos colegiados con el principio de paridad y alternabilidad de género.

Los requisitos para ser vocal de una junta constan en un reglamento que está vigente desde el 2016, en el que se determina que deben ser ecuatorianos, saber leer y escribir, encontrarse en ejercicio de los derechos políticos y de participación y ser mayor de 18 años al momento de su designación.

No obstante, deben acreditar no estar incursos en catorce prohibiciones legales, como ser directivos o estar afiliados a una organización política, no adeudar pensiones alimenticias, mantener contratos con el Estado, entre otros.

Para integrar las 24 juntas electorales, cada consejero pone sobre la mesa las hojas de vida de sus candidatos que, después de diálogos internos, son llevados al pleno para su aprobación.

El 28 de julio pasado se resolvió la designación de los 120 vocales. En varias provincias de la Sierra y Amazonía, las juntas están presididas por delegados propuestos por las consejeras Diana Atamaint y Esthela Acero. Por ejemplo, en el Carchi, Imbabura, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pichincha, Pastaza.

La Junta Electoral de Pichincha designó a María Belén Mieles como presidenta y Álex Guerra, vicepresidente. Ellos fueron postulados por Acero y Atamaint, respectivamente.

En Chimborazo, Nathaly Castillo (Acero) fue elegida presidenta de la junta; así como en Bolívar, cuyo delegado Alberto Coles fue nominado presidente.

En Pastaza se eligió a Leonardo Viteri, promovido por Atamaint; al igual que en Loja Mariana del Jesús Quishpe Lozano, quien también sería su delegada, fue designada vicepresidenta.

Según se conoce, en Santa Elena, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Galápagos, Guayas y Los Ríos, quienes presiden las juntas electorales fueron personas propuestas por los consejeros José Cabrera y Enrique Pita.

Aunque las vicepresidencias las ocupan aquellos que fueron propuestos por Acero, como en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Cañar.

De esta distribución también participó la consejera Elena Nájera, aunque sus vocales propuestos no fueron elegidos en esas dignidades.

En una entrevista radial, Nájera calificó este hecho como el “reparto de las presidencias”. Advirtió que la implementación de estos mecanismos resta la “transparencia del proceso electoral” y generará “incertidumbre” en los sujetos políticos, respecto de la actuación de las juntas provinciales.

No obstante, esta consejera propuso un candidato que fue impugnado y que con la decisión del pleno se inadmitió el recurso ciudadano.

Se trata de quien sería familiar del legislador de Pachakutik (PK) y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira Chamba. Su hermano, Robert Pereira Chamba, fue designado vocal de la Junta Provincial de El Oro y lo recomendó Nájera.

Un ciudadano de nombre Juan Carlos León Maldonado impugnó a Pereira por ser hermano del legislador Darwin Pereira y argumentó que lo hacía con el “carácter moral y ético debido a la relación con su hermano asambleísta”, describió en el escrito presentado en el CNE.

El recurso se rechazó alegando que debió presentarse a la resolución adoptada por el pleno y no al ciudadano. “No se ha podido determinar el acto administrativo recurrido”. “El recurrente no impugna ningún acto administrativo, sino que cuestiona al ciudadano designado como vocal”, cita la decisión electoral.

En total se presentaron 21 impugnaciones ciudadanas ante el CNE. De ellas, 17 las presentaron tres mujeres en contra de los cuatro vocales hombres que integran la Junta Electoral del Guayas.

Ellas alegaron el incumplimiento de la paridad y alternabilidad de género en la conformación, pues solo una mujer fue designada para ese cargo. En ese contexto, la junta está compuesta por Andrea Palma, Jorge Cabezas, Geovanny Murillo, Lucio Alarcón y Elmo Ramos.

El presidente es Geovanny Murillo, nombre que había sido propuesto por José Cabrera, en tanto que el vicepresidente, Lucio Alarcón, sería delegado de Esthela Acero.

Sin embargo, en contraposición a esta composición, la Junta Electoral de Loja tiene a cinco mujeres como vocales: Mariana Quishpe Lozano, Sandra Rodríguez Carrión, Rosa Armijos Becerra, Alicia Vacacela Quishpe y Viviana Ambrossi Guerrero.

Otra impugnación se hizo a dos vocales de la Junta Electoral de Galápagos: Karina Buendía y Gilda Bravo, propuestas por Acero y Atamaint, en su orden.

El ciudadano Galo Herrera alegó que ellas no eran residentes permanentes de las islas, por lo que pidió que se deje sin efecto su designación. El recurso se inadmitió porque no se había impugnado al acto administrativo, sino a las ciudadanas.

En la conformación de la Junta Electoral de Azuay se objetó la designación de Diego Cedillo, quien había sido postulado por la consejera Acero.

El impugnante alegó que Cedillo fue convocado a una audiencia de formulación de cargos en la Fiscalía provincial en septiembre próximo y pidió se revoque su elección.

Se inadmitió el pedido porque no se confirmó que exista una sentencia ejecutoriada en su contra que impida su participación.

En Napo, el coordinador de Pachakutik, Cristóbal Tapuy Papa impugnó a Edita Bonilla por supuestamente mantener deudas de impuestos y contratos con el Estado. No se admitió el recurso, pues su postulación se había dejado sin efecto.

Pero Bonilla exigió su derecho a la defensa e impugnó la elección de Carla Mantilla como su remplazo. Aunque el pleno también había dejado sin efecto esa elección.

Bajo esos hechos, las juntas provinciales electorales iniciaron sus tareas y hasta el 20 de septiembre deberán receptar la inscripción de los candidatos a ser alcaldes, concejales, prefectos y miembros de juntas parroquiales.

El Código de la Democracia les otorga ocho atribuciones, que entre las principales está el calificar las candidaturas de sus respectivas jurisdicciones y resolver en sede administrativa las objeciones a dichas postulaciones.

Su decisión puede ser impugnada ante el Consejo Electoral y como recurso final, apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El día del sufragio, el 5 de febrero de 2023, deben realizar el escrutinio, proclamar resultados y finalmente posesionar a las autoridades electas.

También tienen la tarea de designar a los vocales de las juntas receptoras del voto y pueden disponer el conteo manual de los votos en el caso de que los partidos, movimientos y alianzas electorales denuncien irregularidades.

Como parte de estas elecciones seccionales, también se elegirá por voto popular a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Esta es considerada una elección nacional, por lo que los ecuatorianos residentes en el exterior sufragarán solo para elegir a estas autoridades.

Para ello, el CNE conformó la Junta Electoral del Exterior, que la componen Alicia Solano Zúñiga, Rubén Cuesta Cuesta, Bolívar Lárraga Jurado, Blanca Chimarro Quishpe y Darwin Yépez Carpio. 

Fuente: El Universo