La Contraloría desvaneció $ 42,1 millones en glosas a favor de China CAMC

Las irregularidades encontradas eran muchas: pisos, paredes y losas en mal estado; instalación de equipos de menor calidad; indicios de sobreprecios en los materiales… Incluso se descubrió que la constructora rediseñó una obra, lo que permitió ahorrar millones de dólares, pero el monto no fue descontado del precio del contrato.

Esto sucedió en siete edificios del ECU911 y en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, obras públicas que fueron construidas por China CAMC Engineering Co. Ltd. Las irregularidades fueron descubiertas por auditores de la Contraloría General del Estado, quienes calcularon un perjuicio económico global al Estado de $ 47,4 millones.

Sin embargo, la mayoría de los hallazgos quedó en nada. El excontralor subrogante Pablo Celi De la Torre y el exsubcontralor Hugo Pérez Mena desvanecieron gran parte de esas glosas, por un total de $ 42,1 millones.

China CAMC busca que se anulen todas las sanciones. Planteó una demanda judicial en contra de la Contraloría con la intención de que un Tribunal Contencioso Administrativo deje sin efecto la última glosa que queda pendiente, la cual asciende a $ 5,3 millones.

La Fiscalía General del Estado sostiene que un desvanecimiento se hizo gracias al pago de un soborno. La fiscal general, Diana Salazar, ya pidió a la Corte Nacional de Justicia que fije una audiencia para formalizar la acusación. En este caso están procesados Pablo Celi, su hermano Esteban, el ecuatoriano Pedro Saona Roca, la empresa China CAMC y su exrepresentante legal Liang Yang (también conocido como Ángel Yang).

EL UNIVERSO pidió una entrevista a la sucursal de China CAMC en Ecuador, pero no recibió respuesta.

Las fallas en el ECU911

Antes de establecerse en el país, China CAMC ya tenía su primer contrato con el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. En diciembre de 2011, el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa le adjudicó la construcción de catorce edificios para el funcionamiento del ECU911 en las principales ciudades del país, por $ 68,9 millones.

Uno de los primeros hallazgos de la Contraloría fue que China CAMC construyó solo siete edificios por el mismo precio. El costo que más se disparó fue el del ECU911 de Machala, que estaba presupuestado en $ 3,9 millones y terminó costando $ 8,9 millones, un incremento del 127 %.

La Contraloría dejó sentada esta irregularidad en el primer examen especial realizado a estas obras, en el informe DAAC-0173-2015, aprobado en marzo de 2015.

No fue el único descubrimiento. Las irregularidades más graves se concentraron en el ECU911 de Quito y en el de Esmeraldas.

En la obra de la capital, los auditores constataron fallas en la construcción, por ejemplo, humedecimiento en las habitaciones, imperfecciones en las escaleras principales, falta de un sistema de control de incendios en el área de generadores, fallas en las tuberías para evacuar gases, entre otras. También descubrieron inconsistencias en los pagos a China CAMC por los materiales usados en la obra. Cuantificaron un perjuicio de $ 9,9 millones.

Lo mismo encontraron en el ECU911 de Esmeraldas: fallas constructivas y desajustes en los pagos.

Los auditores constataron fisuras en paredes, humedecimiento en una losa, puertas de vidrio descuadradas, hundimientos en el adoquinado exterior, mal funcionamiento del sistema de riego externo y fallas en los generadores eléctricos. También establecieron que la contratista había instalado un ascensor para ocho personas cuando las especificaciones técnicas indicaban que debía ser para quince. El perjuicio se fijó en $ 5,2 millones.

En los edificios de Machala, Portoviejo, Santo Domingo y Ambato, los auditores encontraron deficiencias menores que bordearon los $ 95.000.

En total, el perjuicio alcanzó los $ 15,25 millones. La Contraloría emitió la predeterminación de esta glosa en febrero de 2016 en contra de China CAMC, el administrador del contrato Luis Yépez Andrade y el fiscalizador de la obra José Crespo Dávila. En ese entonces, el organismo de control estaba al mando de Carlos Pólit Faggioni.

Más de cuatro años después, en octubre de 2020, Pablo Celi como titular de la Contraloría desvaneció parte de la sanción, los $ 9,9 millones correspondientes a las irregularidades halladas en el edificio de Quito.

La resolución de Celi señala que pidió el criterio técnico al grupo de auditores, el cual le indicó que “para determinar si las observaciones emitidas por la Contraloría General del Estado fueron subsanadas, es necesario realizar una verificación in situ, por lo que el equipo auditor no puede dar un criterio”.

Sin embargo, hicieron una salvedad con el ECU911 de Quito, pues anotaron que en noviembre de 2016 se había realizado una visita a esa obra por otro examen y que este informe no recogía las fallas constructivas encontradas anteriormente. Subrayaron que “el perjuicio económico establecido ha sido resarcido”.

Con este sustento, Celi redujo la glosa de $ 15,25 millones a $ 5,3 millones. Esta es la glosa pendiente que China CAMC quiere que se elimine. A inicios de 2021 presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito. La audiencia de este proceso aún no ha sido fijada.

Los ‘sobreprecios’

Aquel examen que le permitió a China CAMC desvanecer la glosa del ECU911 de Quito trajo consigo otras sorpresas. Los auditores establecieron un perjuicio al Estado de $ 9,5 millones por irregularidades en el edificio ubicado en la capital y en los de Portoviejo, Babahoyo y Santo Domingo.

Las observaciones quedaron registradas en el informe DAAC-0058-2017, que fue aprobado en junio de 2017. El documento no detalla cómo se determinó el perjuicio global, solo describe los hallazgos.

La irregularidad más cuantiosa se refiere a una diferencia de precios en el ECU911 de Portoviejo. Según el informe, China CAMC cobró $ 7,7 millones (incluido IVA) por la obra civil, la tecnología y el mobiliario, pero subcontrató estos rubros por apenas $ 3,5 millones. Es decir, solo en esta porción del contrato la constructora tuvo una ganancia de $ 4,2 millones.

Los auditores contactaron a dos subcontratistas y les pidieron los valores unitarios de sus ventas. Así determinaron que los precios cobrados por China CAMC eran superiores en un 68,48 % con respecto a un subcontratista y en un 47,65 % con respecto al otro.

Otras observaciones de los auditores se refieren a gastos no justificados para difundir la realización de las obras en las comunidades, también a incrementos sin justificación y otros desajustes en los pagos. En el informe, estas irregularidades suman $ 790.000.

La Contraloría emitió en julio de 2017 la predeterminación por $ 9,5 millones en contra de China CAMC, las dos personas que ya habían sido glosadas anteriormente y un funcionario público más, Raúl Cabrera Mora.

La impugnación de esta glosa no escaló hasta el contralor subrogante Pablo Celi, sino que la resolvió el entonces subcontralor Hugo Pérez Mena. Él desvaneció la totalidad de la sanción el 5 enero de 2018. Su decisión se basó en un criterio técnico que ese mismo día emitió un director nacional de Auditoría de Transporte y Vialidad encargado.

La parte de este informe que se refiere a los posibles sobreprecios fue citada por Pérez en su resolución. Ese documento aclara que los pagos a China CAMC no superaron el presupuesto de la obra y sostiene que los auditores no especificaron la metodología que usaron para determinar la diferencia entre lo abonado a China CAMC y lo que esta pagó a sus subcontratistas.

Se “generaliza el incremento del 68,48 % sin establecer de dónde proviene tal porcentaje y el criterio de su aplicación a todos los valores pagados al contratista”, cita la resolución de Pérez.

El ‘precio fijo’ de la Plataforma Financiera

La Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera es un enorme edificio público ubicado en el norte de Quito, que se inundó horas después de que entrara en funcionamiento. No soportó el aguacero de aquel 16 de mayo de 2017, pocos días antes de que Rafael Correa dejara el poder. El evento no impidió que el entonces presidente se fuera sin inaugurar la obra, cuya construcción costó $ 198 millones.

Meses después, en marzo de 2018, la Contraloría emitió el informe DNA1-0020-2018, en el que estableció varias irregularidades en ese contrato. La principal fue que la constructora China CAMC rediseñó el edificio argumentando que esto optimizaría la obra. Los auditores establecieron que el rediseño abarató la obra en $ 22,6 millones, pero que este valor no fue descontado del precio del contrato, lo que significó un perjuicio al Estado.

La Contraloría emitió la predeterminación de esta glosa en julio de 2018 en contra de China CAMC, el exdirector general del Servicio de Contratación de Obras Salvador Jaramillo Vivanco y otros dos exfuncionarios de esa institución, Pablo Benalcázar Freire y Luis Macías Jaramillo.

Sin embargo, Pablo Celi desvaneció la sanción en abril de 2019. Él concluyó que el rediseño se llevó a cabo siguiendo las cláusulas contractuales. También argumentó que el contrato estableció un precio fijo que no podía ser modificado a pesar de cualquier rediseño.

La Fiscalía sostiene que este desvanecimiento está relacionado con un pago de $ 1,3 millones que China CAMC realizó a la empresa Legalcont LLC, de Florida, que estaría ligada a Esteban Celi De la Torre, hermano del excontralor subrogante. La transferencia se realizó dos meses después del desvanecimiento.

La defensa de Esteban Celi afirma que él no tiene ninguna relación con Legalcont. La fiscal general, Diana Salazar, ya tiene lista la acusación, pero la Corte Nacional de Justicia aún no ha fijado día y hora para la audiencia. 

Fuente: El Universo